La caída del castillo de naipes construido por el sector inmobiliario español está a punto de sumar dos nuevas víctimas: Aifos y Nozar. Las dos compañías se enfrentan a la solicitud de concurso necesario presentada por sus proveedores en los Juzgados de lo Mercantil la semana pasada.
En el caso de la inmobiliaria malagueña, ha sido la sociedad Gestión de Obras y Reformas la que ha pedido el concurso, tras constatar que la compañía tiene una deuda de 850 millones con cerca de un centenar de acreedores, entre los que destacan el Banco Popular (POP.MC), con 106 millones de euros, y Banco Pastor (PAS.MC) con otros 33 millones.
Relación con Tremón
La gota que ha colmado el vaso del acreedor de Aifos ha sido la noticia, adelantada por elEconomista, de que la inmobiliaria había pagado a algunos de sus proveedores con pagarés de Tremón, compañía que solicitó la antigua suspensión de pagos el pasado 14 de noviembre.
Esos pagarés procedían de unos solares que Aifos vendió a la inmobiliaria de Hilario Rodríguez, que terminaron convirtiéndose en papel mojado para los propietarios de los apartamentos hoteleros Guadalpín Marbella y Guadalpín Banús que se acogieron a ellos.
Según pudo confirmar este diario, la deuda de Tremón con Aifos por esta operación oscila entre 52 y 54 millones que euros. Una cantidad que puede convertirse en el detonante de uno de los mayores concursos de acreedores del sector en España, y unirse a la lista capitaneada por Martinsa-Fadesa.
¿Nozar ha dejado de pagar?
Quien también podría pasar a engordar esa lista es Nozar. La compañía, que el pasado mes de marzo ya se enfrentó a la solicitud de concurso necesario presentada por su acreedor Avalatransa, ha revivido la pesadilla. Esta sociedad volvió a la carga el pasado viernes en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid.
Frente a los argumentos que esgrimió hace ocho meses, que fueron desestimados por considerar que Nozar no había dejado de pagar de forma mayoritaria, ahora Avalatransa añade que, en los últimos meses, el grupo de la familia Nozaleda sí ha dejado de hacer frente a sus compromisos de manera generalizada.
En los registros de morosos, según Avalatransa, figuran 115,26 millones de euros que la inmobiliaria debe a varias entidades financieras y otros 828.460 euros a proveedores. Además, la compañía ha sufrido diversos embargos, como el ejecutado por el ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) por importe de 37.356 euros, informa la agencia de noticias Efe.
La admisión a trámite de estas dos solicitudes engordaría una lista preocupantemente larga. Según el barómetro trimestral elaborado por PricewaterhouseCoopers, durante los nueve primeros meses del año el número de concursos declarados en España se disparó un 138 por ciento, hasta alcanzar la cifra de 1.644 procesos.
