El auditor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha detectado un desajuste de 473,3 millones de euros en las cuentas del organismo correspondientes al ejercicio de 2016. Según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) -el auditor de los organismos públicos-, la valoración del inventario patrimonial no coincide con el valor representado en los libros, generando un descuadre en las cuentas presentadas.
El auditor pone así una salvedad en la que denuncia "errores u omisiones en el control interno" del inventario de inmuebles realizado por la Agencia Estatal del CSIC, que califica de insuficiente para poder verificar correctamente las cuentas. En este sentido, la IGAE aclara que la regularización del inventario debía incluir en dicho documento las reformas o mejoras realizadas sobre los inmuebles realizadas desde el año 2000 al 2014, que han ido aumentando el valor contable de los edificios.
Además, el auditor también denuncia otro error técnico en la partida correspondiente al remanente de tesorería, es decir, el capítulo que evalúa la solvencia del organismo para afrontar deudas. En este caso, pone de manifiesto que el CSIC debe contar con un sistema de seguridad auxiliar para controlar determinados procesos, como por ejemplo en las desviaciones de financiación del ejercicio.
Pese a que el organismo público ha firmado un acuerdo con la IGAE para la implantación de una herramienta informática concreta que solucione este tipo de errores, el auditor señala que la implantación "no estará disponible en el corto plazo", augurando "una limitación significativa, dada la naturaleza y relevancia de la información no contrastada" en los próximos ejercicios.
No sigue la ley presupuestaria
Por otro lado, el auditor de los organismos públicos también pone párrafo de énfasis al CSIC al detectar "incumplimientos de la legalidad presupuestaria, defectos de gestión financiera y errores contables" pero que no afectan, sin embargo, a la imagen fiel de las cuentas anuales de esta institución.
Por ejemplo, denuncia que en reiterados ejercicios el organismo le proporciona una información "incompleta e inexacta" al no recoger correctamente sus previsiones de ingresos, gastos y sus necesidades financieras.
Otra de las indicaciones técnicas que no sigue este organismo es larelativa a la contratación de personal con cargo a créditos de inversiones, que debe haber sido analizado previamente por los Servicios Jurídicos del Estado y de la Intervención Delegada.
Respecto al personal, cabe destacar también que se han recortado las previsiones en la plantilla, que se situó en 11.431 personas frente a las 12.263 estimadas (un 6,78 por ciento menos de lo previsto). La reducción más importante se ha realizado en el número de contratos de investigadores con un 22 por ciento menos, seguido del personal técnico y auxiliar contratado con una reducción del 13,78 por ciento.
Recorte en las pérdidas
Con todo, las cuentas del CSIC también revelan una mejora sustancial en sus números rojos, que han pasado de 21,8 millones de euros en el ejercicio de 2015 a poco más de 2 millones en 2016, una cifra más en línea con los 3,4 millones de pérdidas en 2014.
Además, la cuenta de resultados establece que la diferencia entre ingresos (5,98 millones de euros) y gastos (7,67 millones) arroja un saldo negativo de menos de 1,7 millones de euros, a los que hay que sumar el resto de partidas y operaciones financieras. Respecto a los gastos, el CSIC destina la mayor parte del dinero a suministros y personal.
La mayor parte de los ingresos del CSIC, un 90 por ciento, proviene del Estado, de los cuales un 64 por ciento son transferencias estructurales para su funcionamiento y un 26 por ciento subvenciones competitivas, que pueden o no recibir dependiendo de las propuestas que presenten. La mayor parte de estas transferencias y subvenciones provienen del Ministerio de Economía y Competitividad, del que depende, que le ha proporcionado más de 72 millones de euros. También son destacables las subvenciones proporcionadas por la Unión Europea (21,8 millones) y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (20,6 millones).
Con cantidades mucho más limitadas también aportan otros organismos como el Ministerio de Educación (5,2 millones), el Instituto Carlos III (2,5 millones), la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación de Cataluña (1,6 millones), la Comunidad de Madrid (1,57 millones), La Caixa (1,4 millones), la Agencia Andaluza del Conocimiento (1 millón), la Fundación General CSIC (945.542 millones) o el Instituto de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (697.542 euros).