Gas Natural Fenosa (GNF) pedirá al Gobierno central una nueva Autorización Administrativa para el gasoducto denominado Ramal a la Mariña Lucense, situado al norte de Galicia y operativo desde hace tres años -se puso en servicio en enero de 2015-, tras una sentencia del Tribunal Supremo que anula la autorización recibida en su momento.
El Alto Tribunal ha dado la razón al Ayuntamiento de Barreiros, el cual reclamaba la invalidez de la autorización original porque GNF no había presentado el compromiso de consumo de gas por parte de los potenciales usuarios o distribuidores en la zona, tal y como exigía el Real Decreto-ley 13/2012.
Éste impuso una moratoria sobre nuevas infraestructuras gasistas, eximiendo sólo los casos excepcionales debidamente justificados con el mencionado aval de consumo.
La compañía indica que este aval no se pedía cuando se inició la tramitación del gasoducto y que la demanda del gasoducto estaba más que cubierta con las necesidades de la planta de Alcoa en San Cibrao. De hecho, la multinacional metalúrgica participaba en el proyecto, al igual que la Xunta de Galicia.
30 millones de inversión
El gasoducto, de 65 kilómetros de longitud, se ejecutó en un plazo de 11 meses y exigió una inversión de 30 millones de euros.
Además de prestar servicio a la fábrica de aluminio de Alcoa, el gasoducto ha permitido conectar los municipios de Cervo, Barreiros, Viveiro, Ribadeo, Foz, Burela y Xove, con 55.000 usuarios domésticos.
El Supremo considera que GNF debió respetar lo dispuesto por la citada normativa "tanto más cuando no se trata de una disposición de rango reglamentario cuanto de una disposición con rango de Ley".
