El ministro de Energía, Álvaro Nadal, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el presidente de Asturias, Javier Fernández, se verán hoy por la tarde con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, para instarle a que venda las plantas de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia).
La reunión, que se celebra en un momento de alta tensión entre las partes, pretende buscar una salida ante el bloqueo existente al decreto de cierre de centrales que quiere aprobar el Gobierno.
Iberdrola acude con la intención de mantener su decisión de cierre de las plantas ya que consideran que se trata de una medida que únicamente corresponde a la empresa, tal y como defienden las directivas europeas, y que no supone ningún riesgo para el suministro por sus 874 MW de potencia, ni provocará subidas de los precios de la energía del 15% como aseguró el ministro.
A su favor, la eléctrica cuenta con la votación que a final de octubre se produjo en el Congreso y que defendía el cierre de las centrales de carbón con los votos en contra únicamente del PP, el Foro Asturias y Coalición Canaria. Este escenario hace muy difícil al ministerio la ratificación del proyecto de cierre de centrales incluso como real decreto ley si el PSOE no cambia de posición.
Moody's además puso ayer la guinda en el pastel. La agencia de calificación crediticia auguró el cierre de la mitad de las plantas de carbón españolas en los próximos cinco años.
"La decisión de España de reanudar la inversión en energías renovables después de una moratoria de cuatro años impulsará la cuota de capacidad instalada de las energías renovables en la región, incluyendo la energía hidráulica, hasta el 59% aproximadamente para 2022, desde el 53% registrado a finales de 2016. Esto compensará el cierre de 4,5 gigavatios (GW) de capacidad instalada en centrales de carbón nacional y ayudará a estabilizar los precios de la energía", señaló Niel Bisset, Senior vicepresidente de Moody's.
La agencia además añade que las medidas ambientales generan incertidumbre política en países como Alemania, Italia, España y Reino Unido.
La Comisión Europea ha propuesto que se límiten los pagos por capacidad a las centrales que emitan más de 585 grCO2/ KWh, lo que supondría dejar fuera de esta bolsa a las centrales de carbón pero el Gobierno español se opone a la medida al considerar que se puede inmiscuir en su competencia nacional para poder fijar el mix energético. El enfrentamiento que ha abierto esta propuesta refleja también una profunda división en el sector eléctrico europeo.
Por un lado, la patronal Eurelectric defiende que se mantenga el carbón como energía de transición -igual que ha hecho Endesa- mientras que las eléctricas del sur apuestan por la opción del gas (Gas Natural) o de las renovables (Enel, Iberdrola, EDP, SSE).
Las eléctricas tienen claro que el carbón ha supuesto dos tercios de las emisiones de todo el sector en los últimos cinco años pese a que ha aportado el 14% de la energía.
La Comisión Europea está tomando medidas dentro del paquete de energía limpia para ir reduciendo el peso de esta tecnología cada vez más pero el Ministerio de Energía, defiende que su opción de luchar para evitar el cierre del carbón pretende mantener la competitividad de las empresas españolas en un escenario global donde los grandes países mantienen su apuesta por la energía nuclear como el caso de China y preservar la creación de empleo.
Ante el previsible desacuerdo entre las partes, Iberdrola cuenta con que su petición de cierre que ha realizado antes de la aprobación de cualquier medida legal, lo que dejaría las puertas abiertas a que se pueda aprobar el cierre. Endesa prefiere esperar a la decisión de Nadal.
Choque nuclear
El choque de la eléctrica con el Gobierno alcanza a las centrales nucleares. El presidente de Iberdrola aseguró en la junta de accionistas que no eran rentables, lo que abre la puerta a un cierre ordenado de las mismas, un extremo al que también se opone el ministerio.
Iberdrola Generación Nuclear registró unas pérdidas de 309,3 millones en 2016, con lo que acumula unos números rojos de 1.075 millones desde 2013, según datos auditados por EY.
Iberdrola ha planteado al Gobierno fijar una retribución regulada y estable para las nucleares. Un extremo que en estos momentos no se daba por la elevada fiscalidad que tiene este tipo de plantas y los bajos precios que ha tenido los pasados años el mercado, aunque este extremo cambiará este ejercicio con la subida del mercado mayorista provocada por la sequía.
La eléctrica propone reducir los impuestos que gravan su actividad y aplicar un mecanismo similar a los costes de los sistemas eléctricos insulares. Por un lado, el coste de inversión que incluiría la amortización de los activos como la retribución financiera adecuada y, por otro, el coste de operación en el que se cargaría el coste del combustible, la operación y mantenimiento así como las recargas. Del mismo modo, se reconocerían los impuestos de la generación nuclear, la tasa sobre el combustible nuclear gastado y residuos, la tasa Enresa, los costes de seguridad y otros que recoge el marco normativo.
Con estas medidas, las eléctricas lograrían viabilizar este tipo de centrales que tienen también su primer examen dentro de dos años, principalmente, la central de Almaraz que está participada mayoritariamente por Iberdrola.