CaixaBank, Caixa Geral y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) rechazaron este lunes el convenio de la sociedad concesionaria Puente del Ebro, que explota la autopista aragonesa ARA-A1 y que está liderada por Acciona, con lo que la juez declaró la liquidación de la compañía, según explicaron fuentes conocedoras del proceso. Una vez dicte el auto, la concesión pasará a manos del Gobierno de Aragón, que deberá asumir una compensación que oscilará entre los 40 y 50 millones de euros.
La concesionaria se declaró en concurso de acreedores en 2014, después de seis años de pérdidas en los que los ingresos por los peajes ni siquiera alcanzaban para pagar los costes financieros del crédito que los bancos concedieron para su construcción, por cerca de 50 millones. El objetivo de la ARA-A1, que conecta el corredor de Barcelona (N-II y AP-2) con la carretera de Castellón N-232 y tiene una extensión de 5,3 kilómetros, era evitar el paso por la capital aragonesa del tráfico pesado que cambia del eje Madrid-Barcelona al Cantábrico-Mediterráneo.
Sin embargo, como le ha ocurrido a las ocho concesiones de autopistas estatales en España, la primera vía autonómica de Aragón incumplió desde su inauguración, en julio de 2008, sus objetivos de tráfico previstos en la concesión. En todos estos años, la intensidad media diaria (IMD) apenas ha alcanzado la mitad de los 6.100 vehículos proyectados.
La banca, encabezada por CaixaBank (absorbió también la deuda que originalmente tenía Barclays tras comprar su negocio en España), rechazó el lunes en la junta de acreedores el convenio, que incluía una quita para rebajar a la mitad la deuda de la sociedad, de más de 50 millones. La entidad catalana, bajo el mando de Gonzalo Gortázar, ha estado secundada incluso por el ICO, organismo dependiente del Ministerio de Economía.
El convenio contó con el apoyo del Gobierno de Aragón y de Sociedad Concesionaria Puente del Ebro, la empresa que gestiona la carretera y que está particidada en un 50% por Acciona y en un 25% por la vasca Bruesa Construcciones y la aragonesa Arascón, respectivamente. Pero fue insuficiente.
El contrato tiene un plazo de 30 años, hasta 2035, con un valor de 154,6 millones (el Gobierno aragonés abonaría a la empresa entre 5,6 y 6,4 millones anuales). En los próximos diez días se espera que la jueza María del Carmen Villellas Sancho, del juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza, dicte el auto y designe el árbitro que dirimirá qué importe debe pagar el Gobierno que preside Javier Lambán a la concesionaria. Hasta su traspaso seguirá siendo explotada por la UTE que lidera Acciona.
La quiebra de la ARA-1, que estaba gestionada bajo un peaje en sombra, se suma a las de otras autopistas autonómicas, como la MP-203 de Ferrovial, en Madrid, o las ocho vías estatales que asumirá Fomento en los próximos meses para volver a licitarlas.
50 millones de euros
La deuda de la sociedad concesionaria de la ARA-A1 supera los 50 millones de euros, derivada del crédito que dieron los bancos para construirla. Tras negociar durante dos años, bancos, empresa y Gobierno de Aragón no han llegado a un acuerdo. El Ejecutivo regional tendrá ahora que asumir su gestión e indemnizar a la compañía con un importe que oscilará entre los 40 millones y los 50 millones, aproximadamente.
