El gigante alemán Henkell quiere plenas garantías de seguridad jurídica para comprar Freixenet, condicionando la operación a que la compañía siga dentro del marco de la Unión Europea. Ya que de lo contrario supondría tener que trasladar no sólo la sede social, sino posiblemente también la fiscal.
De acuerdo con las fuentes consultadas por este periódico, Henkell está siguiendo muy de cerca los movimientos que se están produciendo en Cataluña y la compra sólo se materializará si hay plenas garantías jurídicas de que la empresa podrá seguir operando con normalidad en la zona euro y no estar sujeta a posibles aranceles, lo que frenaría sus ventas en Europa.
Tal y como adelantó elEconomista el pasado 15 de septiembre, Henkell ha llegado ya a un principio de acuerdo con la familia Ferrer, titular del 42% del capital del gigante del cava, para comprar el 58% que se reparten a partes iguales las otras dos ramas presentes en el accionariado, los Bonet y los Hevia.
Es una operación, que, en el caso de que llegara a cerrarse, podría superar los 550 millones de euros y pondría fin a la batalla abierta desde hace tiempo en el accionariado. Ya en septiembre fuentes oficiales del grupo confirmaron la existencia de las negociaciones, aunque insistiendo en que se encuentran todavía en una fase inicial.
El presidente de Freixenet, José Luis Bonet, ha defendido siempre la unidad de España, rechazando de forma tajante la independencia de Cataluña. De hecho, ha anunciado ya que en el próximo consejo de administración, que se celebrará a finales de este mes de octubre, propondrá el traslado de la sede social, algo que ya ha hecho Codorníu, su máximo competidor.
Esta no es, en cualquier caso, la primera vez que se plantea la posible venta del grupo. El proceso se inició, de hecho, en 2015. Fue entonces cuando los Hevia buscaron un comprador por su 29% en el capital, ante el malestar con la gestión que encabezaba en aquel momento Pedro Ferrer en calidad de consejero delegado.
Enrique Hevia, en ese momento vicepresidente y director financiero de Freixenet, contactó con Henkell, propietaria ya en España de Cavas Hill, una antigua empresa de Nueva Rumasa.
Los Hevia eran minoritarios, pero consiguieron el apoyo de los Bonet, que estaban dispuestos también a vender. El problema es que Henkell quería el cien por cien y los Ferrer, que no estaban dispuestos a vender, movieron ficha.
José Ferrer, de 91 años, y su hijo Pedro buscaron todas las alternativas posibles para comprar la participación a sus familiares, pero ante la falta de financiación acabaron renunciando. Y todo ello con la Generalitat de por medio presionando para intentar que la firma siguiera en manos catalanas.
Miedo a un boicot
Más allá del problema de inseguridad jurídica ante la declaración de una nueva república catalana por parte de la Generalitat y de los posibles efectos que tendría la aprobación de aranceles para la venta fuera de la misma, el sector del cava teme también posibles boicots por parte del resto de España justo cuando sus ventas empezaban a remontar.
De acuerdo con los últimos datos del Consejo Regulador, las ventas aumentaron en el primer semestre de este ejercicio un 1,96% a nivel nacional, hasta los 33 millones de botellas, marcando un punto de inflexión después de tres años consecutivos con caídas.
El problema de fondo es que el gran negocio del cava está a nivel internacional, con unas ventas de 69 millones de botellas en los seis primeros meses del año, un 7,4% más, por lo que la imposición de aranceles podría hundir las ventas del sector.
