La justicia ha sembrado la duda sobre la legalidad del actual sistema de financiación de RTVE. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional quiere elevar una consulta al Tribunal Constitucional (TC) y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si determinados aspectos de la ley promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009 se ajustan a la Constitución española y "al Derecho Comunitario".
El tribunal quiere aclarar este punto antes de resolver el recurso presentado por Telefónica contra una resolución de Tribunal Económico Administrativo (TEAC) que denegaba a la teleco la devolución de unos fondos pagados a RTVE. De este modo, la Audiencia ha suspendido el señalamiento previsto para la votación del fallo y ja preguntado a las partes si procede plantear la cuestión prejudicial. Estas, incluida la Fiscalía, tienen diez días para pronunciarse.
En concreto, la justicia quiere saber si la UE considera legal que el Gobierno obligue a las televisiones nacionales y a las compañías de telecomunicaciones a entregar un porcentaje de sus ingresos vinculados con la explotación audiovisual y de redes (1,5 por ciento y 0,9 por ciento, respectivamente) a RTVE para asegurar su financiación en compensación por haber renunciado a la venta de espacios publicitarios.
Por un lado, el magistrado apunta que el porcentaje fijado "no responde a ningún elemento objetivo" y cuestiona que imponga el pago "sin que se haya acreditado en el ejercicio aplicado que haya existido beneficio alguno para tales operadoras por dicha nueva regulación legal" y que dichos preceptos legales (el que obliga a las teles y telecos a cofinanciar RTVE) "pueden vulnerar el articulo 31.1 de la Constitución Española, que consagra el principio de capacidad económica, al gravar una riqueza inexistente, con efecto confiscatorio". Y es que, según explica, el TAEC usa esta ley para denegar las devoluciones.
