Juan Carlos Zambrana
La Paz, 17 oct (EFECOM).- A sólo doce días de que venza el plazo para acordar nuevos contratos de operación, el presidente de Bolivia, Evo Morales, presiona a las compañías petroleras con acusaciones de que han hecho trampa en sus compromisos de inversión.
Una auditoría a los gastos efectuados por nueve trasnacionales en la última década estableció que algunas no cumplieron sus compromisos de perforar los pozos de exploración acordados en sus contratos, lo cual significó un daño al país de 1.300 millones de dólares, según se conoció este lunes.
La investigación fue ordenada por el gobierno socialista de Morales tras la nacionalización de las reservas de gas natural y de petróleo, que fue dictada el 1 de mayo pasado y afecta a una veintena de compañías con concesiones de operación en Bolivia.
Según el viceministro de Exploración y Producción, Guillermo Aruquipa, la hispano-argentina Repsol YPF, la brasileña Petrobras y la francesa TotalFinaElf fueron algunas de las compañías que no cumplieron con sus compromisos.
Para Aruquipa, el caso de Repsol YPF "es un poco escandaloso" porque "es el máximo" nivel de incumplimiento, debido a que no perforó 32 pozos de exploración en el campo "Margarita", uno de los más grandes reservorios de gas del sur del país.
Otros 23 pozos debieron ser perforados por la brasileña Petrobras y la francesa TotalFinaElf.
Las autoridades estiman que la petrolera hispano-argentina se ahorró 960 millones de dólares por no hacer esos pozos, aunque reconocen que el gobierno de Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002) le liberó de esa obligación al aprobar, supuestamente de manera irregular, una norma para frenar esas inversiones.
Además, la auditoría estatal determinó que las multinacionales sobrevaloraron las tareas de exploración efectuadas en las áreas de magnetometría y gravimetría en los campos asignados por el Estado.
El informe indica que las compañías cifraron su inversión en esas áreas en 394 millones de dólares, cuando la evaluación oficial señala que sólo gastaron 21,7 millones de dólares.
En este caso, las autoridades cuestionaron la inversión declarada por Repsol YPF de 70 millones de dólares.
La revisión preliminar de la auditoría fue revelada horas después de que el presidente Morales reafirmara que la nacionalización no ha abortado y que seguirá tomando decisiones para consolidarla, en respuesta a las críticas de analistas y opositores a su Gobierno.
En un acto en la vecina ciudad de El Alto, donde se rindió homenaje a los fallecidos en la sublevación que en octubre del 2003 obligó a dimitir al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), Morales aseguró este lunes que el sacrificio de los alteños no será en vano.
La auditoría fue revelada doce días antes de finalizar el periodo de conversaciones fijado por Morales para que las multinacionales acuerden con la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) un contrato conforme a las nuevas reglas fijadas para el sector.
El plazo de 180 días, dado en mayo pasado, debe concluir el día 28 de octubre, cuando se espera que las trasnacionales finalicen las negociaciones por un convenio que les permita continuar operando en el país.
Las compañías que no acepten las condiciones deberán abandonar el territorio, ha dicho insistentemente el mandatario.
La mayoría de las petroleras firmó los actuales convenios de operación a mediados de la década pasada, cuando Bolivia privatizó parcialmente media docena de empresas públicas, entre ellas YPFB.
La influencia que tendrá el resultado de la auditoría en las negociaciones no fue precisada por el viceministro Aruquipa, que trasladó la decisión al grupo superior del Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Morales, que es el que conversa con las compañías.
De su parte, el portavoz de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), Yussef Akly, dijo en declaraciones periodísticas publicadas hoy que las petroleras "cumplieron de acuerdo con la normativa y los contratos" para garantizar las inversiones y el descubrimiento de reservas de gas, actualmente cifradas en 48,7 billones de pies cúbicos.
Agregó que prueba de ello es que el Estado boliviano no rescindió contrato con ninguna de las compañías. EFECOM
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