El próximo jueves 19 el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, detallará en el Congreso de los Diputados el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), que estará dotado con 5.000 millones de euros a través de la colaboración público-privada. Lo presentará, no obstante, sin que el pliego de los contratos de concesión del programa esté completamente definido. El Ministerio ha recibido esta semana los cambios que reclama el sector de la construcción y la conservación de infraestructuras al borrador que les trasladó días atrás y tiene ahora que analizar todas las propuestas.
Las principales modificaciones solicitadas por la parte privada se dirigen a asegurar una adecuada transferencia de riesgos, con el foco tanto en los costes expropiatorios como en el régimen de penalidades. El sector quiere evitar a toda costa que se repitan episodios como el de las autopistas radiales. Además, instan al departamento que lidera Íñigo de la Serna a acotar las bajas para evitar la temeridad y, en consecuencia, futuros sobrecostes, según explican fuentes del sector. Las patronales Seopan, Anci y Acex han declinado hacer comentarios.
Tanto las constructuras como los fondos de inversión en infraestructuras observan con preocupación el borrador del pliego trasladado por Fomento, puesto que consideran que la traslación de los riesgos no está totalmente clarificada. Aunque el pliego limita a 13 los indicadores de estado y servicios que sirven para evaluar las penalidades -frente a los 41 que recogían los contratos de las autovías de primera generación-, "las prescripciones son muy duras", aseguran fuentes empresariales. No en vano, la suma de todas las penalizaciones podría alcanzar el 205 por ciento de las certificaciones, es decir, más del doble de lo que el concesionario tiene derecho a cobrar. Asimismo, contempla la doble penalidad por un mismo hecho, situación que el sector aboga por eliminar.
En cuanto al límite a los costes de expropiación, el documento elaborado por Fomento, al que ha tenido acceso elEconomista, aún no establece ningún techo. Las constructoras reclaman que como máximo alcance el 150 por ciento de los mismos. Desde una de las empresas interesadas en el PIC inciden en que el texto "dice dos cosas contradictorias", al establecer que Fomento abonará al concesionario el importe de los justiprecios que excedan del Y por ciento" de los costes expropiatorios previstos en la oferta, pero al mismo tiempo, en el pliego se apunta a que "el valor de las expropiaciones no es contractual". De la Serna está dispuesto a fijar el 150 por ciento, pero Hacienda está poniendo obstáculos.
Asimismo, el texto recoge que las concesionarias deberán aportar la correspondiente resolución judicial o administrativa firme, pero no incluye la opción -no extraordinaria- de que haya acuerdo con el propietario de la finca.
El borrador del pliego contempla que el cálculo de la temeridad será la baja media más 5 puntos, es decir, el doble que los 2,5 puntos aplicados hasta ahora por el Ministerio. Las empresas también piden buscar fórmulas para la actualización del canon mensual que ha de abonar la Administración durante la vida de la concesión, así como garantizar las condiciones para el restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión.
