Expertos, analistas y patronales coinciden en que el compás de espera catalán, de prolongarse, puede modificar a la baja las previsiones de avance del PIB, poner en peligro decisiones de inversión y contratación, y agravar la fuga de empresas en Cataluña. Por ello, urgen a acelerar el proceso y dar una solución lo antes posible a la crisis catalana, para frenar el deterioro tanto de la economía regional como del conjunto del país.
El Gobierno dio el miércoles a la Generalitat un plazo de cinco días -hasta el próximo lunes- para que aclare si ha proclamado la independencia de Cataluña. Si el president, Carles Puigdemont, responde que sí o no contesta, tendrá un segundo plazo, hasta el jueves, para rectificar y volver a la legalidad constitucional. De no producirse este extremo, el Ejecutivo podría llevar al Senado la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución. Pese a que Mariano Rajoy ha puesto límites en el calendario, una hipotética intervención de la autonomía catalana es un proceso que puede prolongarse durante semanas, aumentar el daño económico y agravar la salida de empresas. La otra alternativa -un paso atrás de Puigdemont- abriría igualmente un proceso de negociación dentro de la legalidad, que podría alargarse meses. Hay que tener en cuenta que antes incluso de la confusa intervención de Puigdemont sobre la independencia de Cataluña y la correspondiente respuesta del Gobierno, casi medio centenar de empresas habían trasladado su sede -social o fiscal- fuera de la región catalana.
Por todo ello, desde las patronales piden que no se demore la solución al conflicto para evitar que se agrave más el deterioro del tejido empresarial. "Cuanto más se dilate la reconducción de esta situación, mayor será el deterioro de la economía de Cataluña, que ya se está viendo seriamente afectada por los cambios de sede social de numerosas empresas, la cancelación de nuevas inversiones, la reducción de reservas turísticas y un panorama general de incertidumbre y máxima preocupación", advertía el miércoles la CEOE en un comunicado.
Desde la patronal madrileña Ceim su presidente, Juan Pablo Lázaro, recordaba en conversación con este periódico que Cataluña supone el 20% del PIB de España y, por tanto, "depende de cómo se reconduzca la situación", las consecuencias económicas de prolongar la inestabilidad podrían ser "desastrosas" no solo para la región catalana, sino que estaríamos ante un "desastre económico nacional".
En un sentido parecido, los expertos advierten de los riesgos de alargar la crisis catalana. "Si se prolonga el periodo de incertidumbre, inevitablemente tendrá un impacto en las previsiones de crecimiento, no quedará otro remedio que rebajarlas", admite la analista de Funcas, María Jesús Fernández.
Desde el propio Gobierno ya se ha sugerido una revisión a la baja de las previsiones del cuadro macro. El pasado martes, el ministro de Economía, Luis de Guindos, apuntó a que finalmente el Ejecutivo optará por situar el crecimiento del próximo ejercicio en el entorno del 2,4 o el 2,3%, frente al 2,6% anunciado a principios de julio. "El nuevo borrador presupuestario proyectará un crecimiento económico muy prudente, con un porcentaje para 2018 por debajo de las nuevas estimaciones del Fondo Monetario Internacional", que prevé un avance del 2,5% en el próximo ejercicio. Desde el Fondo admiten que "la situación en España es preocupante, ya que causa mucha incertidumbre tanto para la economía catalana como para la española", dijo el martes el economista jefe de la institución, Maurice Obstfeld, quien instó a ambas partes a "negociar" y no actuar "de forma precipitada".
De esta forma, Guindos insinuaba una rebaja que posiblemente se plasmará en el borrador de Presupuestos que el Gobierno debe remitir a Bruselas antes del 15 de octubre. Revisar a la baja la previsión daría además al Ejecutivo español cierto margen extra a la hora de cumplir los objetivos o negociar las Cuentas.
Más allá de estas generalidades, es muy difícil cuantificar cuánto puede afectar al PIB este impasse. "No tenemos precedentes de situaciones similares", recuerda Fernández. En un sentido parecido, el director de Fedea, Ángel de la Fuente, recuerda que "la incertidumbre nunca es buena", por lo que, si se prolonga, "podría tener un efecto adverso sobre la inversión y a través de ésta sobre el PIB". Y lo mismo opina el economista Javier Santacruz, quien augura que, "sin duda, la situación actual supondrá una rebaja del crecimiento" y advierte de que la deslocalización de empresas y el traslado de su domicilio fiscal va a suponer una "caída considerable" en los ingresos por IRPF e IVA en Cataluña.
Inversión en pausa
Hasta ahora, muchas decisiones de inversión, contratación y consumo posiblemente ya se han parado, y si no se concreta una solución al conflicto o éste se prolonga más de lo previsto "puede que se cancelen definitivamente", avisan desde la Fundación de Cajas de Ahorro.
Ello lógicamente afecta no sólo al PIB, sino también a la credibilidad, a la imagen y reputación de España en su papel de país receptor de inversión. "Las empresas necesitan estabilidad jurídica", recuerda al respecto el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) Salvador Navarro, para quien "está claro que se están parando inversiones en Cataluña".
Además, desde Funcas advierten de que esto se va a notar especialmente cuando el Banco Central Europeo empiece a reducir los volúmenes de compra de deuda. Entonces, con la retirada de estímulos, puede que se eleve la prima de riesgo española.
Otros analistas se muestran más prudentes respecto al impacto global en la economía española y recuerdan en efecto compensatorio de la fuga de empresas. Desde el Instituto de Estudios Económicos, Almudena Semur señala que no debemos olvidar que la salida de empresas de Cataluña beneficia a otras comunidades autónomas, por lo que el impacto sobre el PIB es limitado. "De una o dos décimas este año", concreta Semur, que además señala que una parte de la desaceleración que veremos en los próximos meses ya estaba prevista por los analistas y no tiene nada que ver con Cataluña, sino con el menor empuje de los vientos de cola sobre nuestra economía.
De cualquier manera, Lázaro, como representante de los empresarios madrileños, insiste en que el éxodo de compañías desde la comunidad catalana "es una mala noticia para toda España". Por su parte, el presidente de CEOE en Aragón, Fernando Callizo, añade que la salida de empresas "se incrementará mientras la Generalitat no retorne a la legalidad y continúe la incertidumbre". También lo cree así Navarro, quien va un paso más allá y augura que "a la fase actual de traslado de domicilios sociales y fiscales puede seguirle una segunda fase de traslados de centros de producción", algo que ya barajan hasta una veintena de empresarios catalanes que, según ha podido saber elEconomista, ya conversan con las instituciones aragonesas para hacer consultas al respecto.
La patronal catalana Fomento del Trabajo no oculta su preocupación al respecto de perder actividad económica en la región. "Esperemos que esto no se produzca", comenta su responsable económico, Salvador Guillermo, quien recuerda cómo Montreal cedió el puesto de capital económica a Toronto tras la masiva fuga de empresas que propició la incertidumbre generada por el referéndum secesionista.
Guillermo hace un llamamiento a "desinflar la tensión", evitando "medidas muy potentes" que supongan "alteraciones relevantes del orden público". Preguntado directamente por la aplicación del artículo 155, asegura que "es una carta en blanco", pero aclara que "no es un arma nuclear". A su juicio, de producirse una declaración unilateral de independencia, "sería la respuesta política legal del Gobierno". "Es acción-reacción", sentencia.
En territorio catalán, sin embargo, las posiciones están divididas. Desde las patronales Pimec y Cecot rechazan la intervención de la autonomía porque, a su juicio, supondría el fracaso de la política.
"Somos partidarios del diálogo", dicen en Pimec. Ambas organizacionesconsideran que este tiempo muerto que se dan ahora Rajoy y Puigdemont puede ayudar a destensar la situación.
Más clara es la postura de la CEOE, que reforzó el miércoles su respaldo a "todas las medidas que pueda adoptar el Gobierno para la vuelta a la legalidad de la Generalitat".
