La mayor bolsa de suelo de Madrid para levantar unas 100.000 viviendas de precio asequible situada en los barrios del sureste de la ciudad podría sufrir retrasos adicionales de diez años si el Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena sigue adelante con su intención de revisar el planeamiento de la zona.
Según han denunciado ante los medios los portavoces de las Juntas de Compensación de Berrocales, Valdecarros y Los Cerros, la alcaldesa y su equipo pretende "retrasar el desarrollo de unos proyectos que cuentan con todo el respaldo jurídico y urbanístico"- el proyecto está aprobado desde el año 2013 y hace justo un año fue validado por el Tribunal supremo- y que acumulan ya un retraso de 20 años.
Esta demora adicional afecta a los 1.000 propietarios que están implicados en estos terrenos y pondría en peligro 13.000 millones de euros de inversión en desarrollo urbanístico, promoción y construcción de viviendas, así como de parques empresariales y comerciales y zonas verdes o dotacionales, según denunciaron ya los representantes de las juntas el pasado mes de mayo.
Por el momento, ya se han desembolsado 400 millones de euros en estos tres barrios para su urbanización, un dinero que podría caer en saco roto si el Ayuntamiento decide finalmente modificar el planeamiento de la zona. Aunque las Juntas tienen la esperanza de que Carmena cambio de opinión, ya han advertido de que si no es así tomarán medidas legales.
"Estamos trabajando para contratar a una firma que realice un estudio para medir los daños patrimoniales que acarrearán las decisiones del Ayuntamiento", asegura Mauricio Fernández, gerente de la Junta de Compensación de Valdecarros.
El representante de los propietarios de los suelos destaca además que el cambio en el planeamiento "genera una inseguridad jurídica enorme y pone en riesgo inversiones millonarias", retrasando y recortando el desarrollo de viviendas proyectadas hasta 2042. "Un plazo que consideramos bastante amplio y que supondría la puesta en el mercado de unas 3.000 viviendas al año, algo razonable en base a la demanda actual y prevista", destaca.
Por el momento, las primeras reclamaciones de dinero al Consistorio podrían llegar en apenas dos semanas, según lo explicó ayer Joaquín Gómez, gerente de la Junta de Compensación de Los Berrocales.
Precisamente, este barrio es el menos afectado, ya que el Ayuntamiento mantiene las 22.000 viviendas que están proyectadas en esta zona y sólo está pendiente de firmar el convenio de gestión, un trámite que debería haberse ejecutado hace ya dos años. Sin embargo, desde esta Junta aseguran que los desarrollos del sureste se proyectaron desde un principio como un todo, por lo que el retraso en el planeamiento del resto de zonas afectará a los servicios y a la conexión de los Berrocales.
En este barrio, donde las obras de urbanización van más adelantadas, los primeros habitantes podrían llegar en 2023 si su desarrollo siguiera adelante con normalidad. "Nosotros vamos a seguir ubanizando, es nuestra obligación ejecutar el plan de la zona, igual que lo es para el Ayuntamiento", destaca Gómez.
Los representantes de los propietarios de los suelos alertan además de que el Ayuntamiento quiere liquidar casi todas las Juntas de Compensación, "lo que implicaría importantes indemnizaciones a cargo de los presupuestos municipales, afectando esto a todos los madrileños". Asimismo, las Juntas de Compensación han resaltado que Manuela Carmena, según el último plan presentado, desclasifica más de 5 millones de metros cuadrados los cuales estaban destinados a zonas verdes que, rehabilitadas y reforestadas por las juntas, serían entregadas al Ayuntamiento de manera gratuita.
"El plan presentado por el Consistorio dejaría miles de metros cuadrados abandonados, expuestos a convertirse en lugares de vertidos ilegales que, en lugar de mejorar, ahondarían en el problema medioambiental de la capital".
Golpe a los jóvenes y la VPO
El retraso del desarrollo de estos barrios supone además un duro golpe a la vivienda protegida en Madrid, que representa aproximadamente la mitad de las unidades proyectadas en esta zona. Así, desde las Juntas aseguran que el propio Ayuntamiento es propietario de más de 2,5 millones de metros cuadrados de suelo en estos ámbitos, mientras que la Comunidad cuenta con 3,5 millones de metros cuadrados.
"Ambas administraciones se encuentra en niveles muy bajos por falta de suelo" y esta decisión perjudicará a los "los ciudadanos con menores ingresos de Madrid, que no podrían acceder a viviendas de precio asequible", denuncian desde las Juntas de Compensación del sureste de Madrid, que afirman que la política urbanística del Ayuntamiento de Manuela Carmena se encuentra "lejos de beneficiar a aquellas personas con menores ingresos que residen en la capital, aprobando en su mayoría proyectos en los que el uso residencial es inexiste, como el proyecto Bernabéu, o aquellos destinados a personas con mayor poder adquisitivo, como Canalejas o Mahou-Calderón".
En este sentido, también destacaron el impacto que tendrá este bloqueo entre la gente joven que "tendrán que buscar vivienda en ciudades a decenas de kilómetros de la capital, fuera del cinturón de la M-50".
Entidades
