Dia ha ganado la batalla legal a sus antiguos franquiciados. Primero ha sido un juzgado de Vic, el que ha decretado el sobreseimiento y archivo de las querellas contra la compañía presentadas por dos ex franquiciados después de haberse inhibido el pasado 20 de julio en el proceso de otra emprendida por una veintena de ellos-
Y después del juzgado de Vic ha sido otro de Valladolid el que se ha pronunciado también en la misma línea y ha sobreseído una de las querellas que se había derivado. El juzgado de Vic, que sólo se hizo cargo de la querella de estos dos ex franquiciados porque las tiendas estaban en su partido judicial, concluyó que al contrario de lo que decían los denunciantes, en términos generales, y respecto a la posible comisión de un delito de estafa y otro de apropiación indebida por parte de la compañía, "no existe el más mínimo indicio racional de su perpetración".
Asimismo, respecto a la acusación por parte de las antiguas franquicias acerca de que Dia podría haber falsificado la información financiera que les facilitó a la hora de firmar los contratos, "se desprende con meridiana claridad que la información precontractual proporcionada a los clientes, junto con los requisitos económicos para la creación de una franquicia, se basó en efectuar una previsión y proyección a futuro del posible funcionamiento de la franquicia".
Sin indicios de delito
Así, pues, según el auto del juzgado, "en ningún caso existe el más mínimo indicio de que aquellos datos económicos relativos a ingresos reales previos facilitados al franquiciado fueran falsos o inexactos, ni en ningún caso se prometió al franquiciado la obtención de un determinado y específico rendimiento".
Respecto a las acusaciones acerca de la política de precios -las franquicias aseguraban que Dia les obligada a comprar caro y vender muy barato, con el ánimo de pretender su quiebra, el juzgado insiste también en que "no existe el más mínimo indicio de que las pérdidas o quiebra de las franquicias viniera determinada por la supuesta política de precios", ya que, entre otras cosas, "dicha política de precios , stocks y ofertas fueron conocidas por los querellantes".
Por último, el juzgado catalán rechaza también que la empresa pudiera haber ideado en ningún momento un sistema de coacciones continuadas para provocar el cierre de algunas de las tiendas. "Una evz más, no existe indicio racional del empleo de las aludidas coacciones", dice el auto.
Las franquicias denunciantes estaban enfrentadas desde hace tiempo entre ellas y habían formado varias asociaciones, que actuaban por separado, como es el caso de SOSFranquicias o Asafras. Dia, por su parte, ha negado en todo momento haber cometido ningún delito, tal y como reconoce el juzgado, insistiendo en que era un tema muy minoritario.
