Las nueve autopistas de peaje en quiebra revertirán a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), de titularidad pública, el 15 de enero de 2018, a excepción de la autopista Madrid-Toledo, que lo hará el 1 de abril del mismo año, según se prevé en el convenio firmado entre el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, y el presidente de Seittsa, Manuel Niño. La vuelta a la titularidad pública generará 34 millones de beneficio al Estado, pero todavía queda por definir la cuantía de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) para compensar a las concesionarias que superará los 2.000 millones de euros. También perderá 550 millones en préstamos incobrables.
Seittsa asumirá el 100% de las obligaciones de conservación, explotación y licitación de las autopistas, que saldrán a concurso para volver a manos privadas en el último cuatrimestre de 2018. Según el documento, la relicitación de las autopistas por parte de Fomento se hará en ocho concesiones distintas y "no excederá el 31 de diciembre de 2018".
Con la firma del convenio el pasado 16 de agosto, la empresa pública puede comenzar a elaborar los estudios de viabilidad y demanda pertinentes, así como los pliegos para relicitar los nuevos contratos de gestión de las autopistas. Se prevé que las autopistas generen un beneficio neto de 34,4 millones de euros el próximo año.
Pero el Estado debe asumir la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) para compensar a las concesionarias por la construcción de las autopistas. La factura podría ascender por encima de 2.000 millones que computarán en el déficit de 2018. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha considerado será de 2.200 millones, el Tribunal de Cuentas lo cifró en 3.500 millones de euros y la patronal de grandes constructoras Seopan estimó que será de 5.500 millones de euros.
Cuantía de la RPA
El objetivo del Gobierno es relicitar las autopistas este mismo año para que no contabilice el gasto total de la RPA en el déficit sin incluir los ingresos generados. en el únicamente los gastos y no los posteriores ingresos. Además, esto supondría una garantía de cobro para las concesionarias si se produjese una reversión anticipada de los activos a la Administración.
El Estado deberá sumar a la RPA 550 millones de euros en concepto de préstamos participativos, que se otorgaron para construir estas vías y que serán incobrables tras su liquidación.
Las nueve autopistas que se encuentran en concurso de acreedores cuentan con 700 trabajadores, que mantendrán su empleo. Se trata de las radiales 2, 3, 4 y 5 de Madrid, la autopista eje aeropuerto, la autopista Madrid-Toledo, la autopista Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la autopista Cartagena-Vera.
