Renunciar al sueldo es un gesto muy poco habitual. En algunos casos, excepcionales, cuando una compañía pasa por apuros, los administradores o los directivos renuncian a una parte de su salario. Pero a todo es un rara avis que merece ser destacado cuando sucede.
Tres consejeros de la Sareb, que aglutina los activos tóxicos de la banca rescatada en 2012, han declinado percibir entre 75.000 y 95.000 euros a los que tenían derecho por su cargo en 2016. En concreto, el representante del fondo de rescate público (Frob), ha rechazado cobrar dicha cantidad Rodolfo Martín Villa, mientras que los vocales en nombre del Santander, Javier García-Carranza y Francisca Ortega Hernández-Aguero, han limitado su retribución al importe correspondiente a la póliza de responsabilidad civil, valorada en 13.572 y 9.089 euros.
No es la primera vez que Martín Villa y Ortega renuncian a sus derechos. En años anteriores el primero ha cumplido con sus obligaciones sin remuneración alguna y la segunda ha topado la retribución a la prima que cubre posibles demandas por su cargo.
Cambio de criterio
De manera habitual los consejeros que representan al Santander en el denominado banco malo han ejercido su función sin cobrar las dietas. A mediados de 2015, sin embargo, Remigio Iglesias -que fue vocal de la Sareb hasta abril de 2016- comunicó su decisión de comenzar a percibir las compensaciones. Así, en el conjunto de 2015 se llevó un total de 42.500 euros y en los meses del ejercicio siguiente, 28.333 euros.
Los miembros del consejo de administración de la Sareb, que no tienen cargos ejecutivos, tienen derecho a recibir 75.000 euros, cantidad que se eleva en 10.000 euros si pertenecen a alguna de las comisiones (de Auditoría o de Retribuciones) y en 20.000 euros si se preside uno de estos dos órganos.
El conjunto de consejeros externos de la compañía percibieron un total de 716.827 euros el año pasado, un 4,5% menos que en 2015. En el caso de los vocales ejecutivos, estos no pueden superar la cantidad de 485.100 euros (385.000 euros de fija y el resto en concepto de variable). Esta limitación sólo afecta al presidente de la firma, Jaime Echegoyen.
Para 2017, la Sareb pretende mantener la misma política de remuneraciones a sus principales responsables. Ésta se concretará por el consejo de administración previo informe del Comité de Retribuciones.
La junta de accionistas del pasado mes de noviembre también determinó que una de las representantes del Frob, Lucía Calvo, tampoco iba a percibir sueldo alguno por su cargo en el órgano rector de la compañía.
La Sareb continúa presentando pérdidas y no prevé al menos ofrecer beneficios relevantes hasta al menos 2021-2022, cuando finaliza la cobertura firmada hace años para hacer frente a una posible subida de los tipos de interés. Esta póliza supone un importante coste para la empresa que aglutina unos 40.000 millones de activos inmobiliarios (créditos al promotor, pisos y suelos).
La firma que preside Echegoyen tendrá que liquidarse en 2027. Para entonces habrá tenido que haberse deshecho de todos los activos heredados de las entidades que recibieron ayudas para sobrevivir.
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