Una operación internacional coordinada por Interpol y con la participación de 43 países ha permitido descubrir más de un millón y medio de toneladas de vertidos ilegales y nuevas rutas mundiales de tráfico de residuos, según informó este lunes la Guardia Civil.
En la Operación Tyson se ha actuado sobre las actividades ilegales vinculadas a los traslados transfronterizos de residuos, vertidos ilegales, actividades ilícitas de vertederos, operaciones irregulares de reciclaje y el mercado ilegal de sustancias que afectan a la capa de ozono.
Dentro del dispositivo especial desarrollado en España se han llevado a cabo 4.020 inspecciones y se han localizado residuos de construcción y demolición, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, vehículos al final de su vida útil, residuos urbanos, bifenilos ploriclorados, residuos metálicos, lodos obtenidos de distintos procesos y neumáticos fuera de uso.
Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), apoyados por unidades del Servicio Fiscal, Seguridad Ciudadana y Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, han detectado múltiples infracciones, tanto penales como administrativas, y han esclarecido cinco delitos, mientras otros 12 están siendo investigados.
La Guardia Civil ha destacado el hallazgo de dos buques que transportaban 6.600 toneladas de residuos metálicos, en cuya descarga en puertos españoles se estaban efectuando vertidos de los residuos al mar sin ninguna medida de seguridad. También se localizó otro buque con plásticos triturados procedentes de Dakar (Senegal) que carecían de autorización y cuyo origen y composición se desconocía.
Asimismo, en un establecimiento se encontraron 136.000 litros de aceites vegetales usados y 32.000 litros de aguas residuales de dichos aceites que no contaban con las autorizaciones administrativas correspondientes.
Entre los investigados figura una empresa que, según el instituto armado, ha realizado actuaciones fraudulentas reiteradas durante al menos seis años en la gestión de residuos, y se ha detenido a tres personas como presuntas autoras de varios delitos de traslado transfronterizo ilícito de residuos procedentes de Gibraltar y con destino a Medina Sidonia (Cádiz).
Todos los detenidos e investigados en esta operación se enfrentan a penas de prisión de entre seis meses y cinco años y, sin perjuicio de las acciones penales o administrativas, los infractores deberán reparar el daño medioambiental causado, lo cual eleva la cuantía de las multas. Según las estimaciones de Interpol, el delito contra el medio ambiente es uno de los que mayor crecimiento está experimentando a nivel internacional, principalmente por el amplio beneficio económico que obtienen las redes criminales.
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