El Gobierno del Partido Popular (PP) ha perdido la batalla política por el futuro de la central nuclear de Garoña y se ha visto obligado a decretar su cierre definitivo. El propio ministro de Energía, Álvaro Nadal, reconoció ayer que el "contexto político" actual ha sido el elemento "más decisivo" para denegar la renovación de la licencia de explotación de la instalación, solicitada en 2014 por Iberdrola y Endesa, accionistas de Nuclenor.
Y es que, según explicó, los partidos de la oposición han convertido Garoña en "un campo de batalla" y "un arma arrojadiza" que hacía "imposible" asegurar la estabilidad política y regulatoria que necesita una central nuclear para operar en el largo plazo. "Hubiese preferido otro tipo de debate, más sosegado, pero no lo ha habido", sentenció.
No en vano, tanto Iberdrola como Endesa tenían que realizar fuertes inversiones para poner en marcha la central burgalesa, que lleva cuatro años parada, y adaptarla a los nuevos criterios de seguridad. Un desembolso que no estaban dispuestas a hacer si no se blindaba el futuro de la instalación. "Si hubiésemos dicho que sí, se habría tardado dos años en volver a ponerla en funcionamiento y vista la situación de incertidumbre política y la posibilidad de aprobarse normas en contra de la instalación en ese periodo, hace inviable que hubiésemos tomado otro tipo de decisión", dijo Nadal.
En este contexto, el ministro quiso recalcar que se han aprobado con amplia mayoría varias proposiciones no de ley en el Parlamento para el cierre de Garoña. "Todos los partidos menos el PP se han movilizado por la clausura", dijo.
A la batalla política se suma el enfrentamiento abierto entre Iberdrola y Endesa por el futuro de la central. La firma que preside Ignacio Sánchez Galán quiso desistir de la solicitud de ampliación de la vida útil de la instalación burgalesa, una medida que no gustó a la filial de Enel. Así, Endesa ayer señaló en un comunicado su "coherencia" en el proceso ya que nunca desistió de la solicitud. Las dueñas de Nuclenor ya pararon en 2012 Garoña de forma unilateral, como reacción a la tasa nuclear. Fueron sancionadas por el Ejecutivo.
En este punto, Nadal advirtió que no va a permitir que las decisiones empresariales puedan condicionar la composición del mix energético ni las políticas regulatorias. Es decir, que interpondrá medidas para evitar que las compañías cierren unilateralmente las centrales.
A pesar de esta decisión, Nadal asegura que "no habrá más Garoñas" y que la posición del PP es mantener operativo el parque nuclear ya que cerrarlo supondría "incumplir los objetivos de medioambientales y elevar un 25 por ciento la factura eléctrica" .
A lo largo de la comparecencia, el ministro se esforzó en explicar que el desmantelamiento de Garoña no tendrá "consecuencias" en la factura de la luz y que no dañará la economía de la comarca burgalesa en el corto-medio plazo. La central lleva cuatro años sin operar y no ha alterado el mix energético, ya que su aportación al sistema era muy bajo puesto que sólo tiene una capacidad instalada de 446 MW.
En cuanto al futuro de la comarca, el ministro aseguró que los municipios seguirán cobrando de la asignación de Enresa (2,5 millones) durante los 13 años que dure el desmantelamiento y que el Gobierno y la Junta de Castilla y León van a trabajar para impulsar la viabilidad económica de la comarca con la participación de las dueñas de Nuclenor, que "han tomado en parte esta decisión", aseguró. A su vez, ya existe un plan que asegura el futuro de los trabajadores.
