El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, pasará lo que queda de verano en la cárcel de Soto del Real. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha decidido mantener en prisión incondicional al expolítico por el "elevado" riesgo de fuga y por "su papel decisivo y necesario" en la trama Lezo.
Y es que, el magistrado ha situado a la antigua mano derecha de Esperanza Aguirre en el centro de una presunta trama criminal creada para malversar caudales públicos, desviar fondos, blanquear capitales y falsificar documentos, entre otras cosas. "Asistimos a una cristalización progresiva de los indicios racionales de criminalidad como consecuencia de las diligencias que se están practicando", asegura el juez que lleva la instrucción de la Operación Lezo en el auto publicado ayer.
Además de su papel clave en la organización criminal, el juez aprecia un alto riesgo de fuga debido a que Ignacio González podría tener acceso a fondos en el extranjero ya que la trama criminal "ha operado en distintos países". No en vano, entre los delitos por los que se le investiga se encuentra el de cohecho y fraude en las transacciones internacionales. A su vez, el juez explica que en una de las conversaciones intervenidas se escucha al exdirigente madrileño "su intención de empezar una nueva vida de negocios en Sudamérica, donde existen varias operaciones investigadas en el marco de la instrucción", explica el juez en el auto.
Por ejemplo, la Operación Lezo está investigando la supuesta corrupción que González presuntamente lideró cuando el Canal de Isabel II compró diversas empresas latinoamericanas a través de cuentas no autorizadas y en paraísos fiscales, pagando un precio superior al establecido por el mercado. Por ejemplo, el Canal adquirió en 2013 la sociedad brasileña Emissao, por la que según la investigación habría pagado cuatro veces más de lo que valía llegando a malversar presuntamente hasta 23 millones de euros con la operación.
A pesar de que Ignacio González sostiene que en su caso no existe ningún caso de riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas ni "mucho menos" de reiteración delictiva, el magistrado que sustituyó al juez Velasco al frente de la causa no está de acuerdo. El juez García-Castellón asegura que mantiene en prisión comunicada y sin fianza al expresidente para evitar "coacciones y la ocultación, alteración o destrucción de pruebas".
Aunque una parte del sumario es público, todavía hay actuaciones secretas ya que se están investigando otras firmas relacionadas con el Canal de Isabel II por lo que el magistrado y los fiscales que llevan el caso todavía podrían solicitar y examinar nueva documentación y pedir nuevas comparecencias por lo que el magistrado quiere mantener el sigilo. "El avance de la investigación, de una forma rápida y ágil, pasa por mantener la medida cautelar adoptada en su día. Los argumentos antes expuestos patentizan la existencia de importantes riesgos de acceso a las fuentes de pruebas, de destrucción de documentación relevante y de movimientos monetarios destinados a la ocultación de pruebas", matiza el magistrado en el auto.
