El juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha ordenado abrir la fase de liquidación de la concesionaria de la AP-7 Circunvalación de Alicante, Ciralsa, gestor de una de las nueve autopistas de peaje en concurso de acreedores. En un auto fechado el 14 de junio, el juez Francisco Javier Vaquer aprobó, a instancias de los accionistas (Abertis, ACS, Sacyr y Globalvia), dejar sin efecto la tramitación del convenio acordada el 11 de mayo.
La decisión de las propietarias de la concesión deriva de la amenaza de los fondos oportunistas que controlan el grueso de la deuda de solicitarles responsabilidades personales en el caso de obstruir los procesos de liquidación. Antes que Ciralsa, hicieron lo propio los accionistas de la R-4 y Aucosta (Cartagena-Vera).
El magistrado había reactivado el proceso concursal de Ciralsa en mayo con la convocatoria de la junta de acreedores para el día de ayer, 11 de julio, pero los fondos oportunistas que han comprado la deuda de las autopistas quebradas, entre los que figuran firmas como Taconic, TCI, King Street o Avenue Capital, han impuesto sus exigencias.
La reactivación del proceso de Ciralsa se produjo después de que el 2 de marzo pasado la Audiencia Provincial de Madrid revocara su liquidación al estimar que la propuesta de convenio cumplía con la ley, frente a lo que el propio Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid estableció en mayo de 2016.
Con ello, el proceso regresó a la fase de convenio, como ocurrió, igualmente, con Accesos de Madrid, la concesionaria que explota las R-3 y R-5. Éstas, junto con la R-2 y la Autopista Madrid-Toledo, son las únicas que aún no han iniciado entrado en liquidación.
El caso más avanzado es el de la AP-36 Ocaña-La Roda, cuya gestión será, presumiblemente, la primera que asumirá el Ministerio de Fomento. También se hallan en liquidación Eje Aeropuerto, la R-4 y Aucosta.