El coste de la reversión de las cuatro autopistas de peaje en España cuyo plazo de concesión expira hasta 2021 tendrá un coste para las arcas públicas de alrededor de 450 millones de euros, según los cálculos de la patronal de las grandes constructoras y concesionarias Seopan. El Ministerio de Fomento viene repitiendo durante el último año que las vías de pago que finalicen sus contratos serán asumidas por el Estado, aunque todavía tienen que negociar con los partidos políticos cómo las gestionarán.
Durante la Jornada de Infraestructuras que organiza Seopan con la UIMP en Santander, Julián Núñez, presidente de la patronal, aseguró que no continuar con el modelo de peaje de las cuatro autopistas que vencen hasta 2021 supondrá un impacto en la contabilidad pública de 450 millones anuales. Resulta de la pérdida del retorno fiscal actual (IVA, IBI, Impuesto de Sociedades, IRPF...), que asciende a 814 millones al año (el 42,9 por ciento de la cifra de negocios) y de la necesidad de mantener los 1.100 kilómetros que abarcan.
En noviembre de 2018 vence el contrato de la AP-1 Burgos-Armiñón, gestionada por Europistas, propiedad de Itínere. En 2019, igualmente concluye la concesión de Aumar, controlada por Abertis y que opera los tramos de la AP-7 entre Tarragona y Valencia y Valencia-Alicante, así como la AP-4 Sevilla-Cádiz. Ya en agosto de 2021 expira el contrato de Acesa, también de Abertis y que explota cuatro tramos de la AP-7 (La Jonquera-Montmelo, Montmelo-Papiol, Papiol-Tarragona y Papiol-Molins de Rei).
Núñez denunció además que sólo el 18 por ciento de la red de vías de alta capacidad es de pago en España, frente al 100 por cien de Alemania y Portugal, el 85 por ciento de Francia y el 79 por ciento de Italia. Advirtió que la implantación de un sistema de tarifación como el ide estos países podría reportar para las arcas públicas hasta el 4 por ciento del PIB.
