Baleares quiere cerrar progresivamente las centrales térmicas de Endesa en el archipiélago y sustituir su generación a partir de carbón, gasóleo y fuelóleo, por electricidad producida con renovables y gas; el primer hito de la transformación es la clausura de dos grupos de la planta de Alcúdia (Mallorca), ya en 2019. Su postura contrasta poderosamente con la de Castilla y León y Aragón, que tratan de evitar el cierre de instalaciones en sus territorios.
El Gobierno de Francina Armengol ha elaborado un Plan de Transición Energética que persigue alcanzar a corto plazo una cuota de renovables del 10%, desde el 2,5% de la actualidad -el menor del país-, y reducir significativamente las emisiones de CO2.
La primera fase contempla el cierre de los dos grupos más antiguos de Alcúdia -de 1981 y 1982, con 226 MW de potencia conjunta- en 2019 y fijar un calendario para cerrar los otros dos grupos; en Menorca la central de Mahón debería sustituir el gasóleo y el fuelóleo por gas en 2020; sin plazo claro están el cierre de la planta de Formentera y dejar de usar la de Ibiza.
Armengol puede negar las licencias para que las centrales acometan las mejoras ambientales exigidas por la UE para operar después de 2020, pero tiene poco margen de maniobra; su Plan depende de que el Gobierno central apruebe nuevas unidades de gas -incluida una regasificadora- así como la operación de la interconexión entre Mallorca e Ibiza.
Y aunque apuesta claramente por las renovables, especialmente por la fotovoltaica, la Comunidad Autónoma está fuera de las subastas verdes organizadas por el Ministerio de Energía, que se circunscriben a la península y, próximamente, las Canarias.
Las plantas de las islas están acogidas a una exención de la Directiva de Emisiones Industriales para pequeñas redes aisladas, pero deben reducir su expulsión a la atmósfera de óxidos nitrosos, dióxido de azufre y partículas antes de 2020. Endesa sostiene que aún tiene tiempo para hacerlo y que ya ha decidido acometer las obras necesarias en los dos grupos más modernos de Alcúdia, algo para lo que ha obtenido el permiso.
En todo caso, la compañía eléctrica reclama una política energética de ámbito nacional y esperar a que se decida el mix con el que el país quiere abordar el proceso de descarbonización de la economía.
Contraste entre territorios
El paso dado por Baleares para cerrar las centrales térmicas -Alcúdia emite el 25% de todo el CO2 del archipiélago- contrasta poderosamente con la resistencia de Aragón y de Castilla y León al cierre de otras instalaciones similares que, eso sí, están ligadas a la actividad minera local.
En Aragón, el Gobierno de Javier Lambán intenta que Endesa mantenga abierta la planta de Andorra; y en Castilla y León, Juan Vicente Herrera hace lo propio con las de Compostilla y Anllares, ésta de Gas Natural Fenosa, la cual ha anunciado recientemente que sí acometerá las obras precisas para mantener operativa la planta de La Robla.
El Gobierno central, por su parte, prepara una norma para regular cómo se deben clausurar las centrales sin el apoyo del resto del arco parlamentario; el Ministerio de Energía la considera necesaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos ambientales.
