El Gobierno de Cristina Cifuentes tramitará un proyecto de ley para garantizar que el Canal de Isabel II siga siendo una empresa cien por cien pública. La presidenta madrileña, que había respaldado el proyecto de privatización del grupo como consejera de la misma, ha dado ahora un giro radical, aceptando una propuesta de Ciudadanos para evitar la posibilidad de que entre capital privado en la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión, que se había constituido precisamente con ese objetivo. De esta forma, las acciones serán exclusivamente de titularidad pública, evitando con ello un control independiente sobre la gestión.
La creación de Canal de Isabel II Gestión se aprobó en un consejo de administración celebrado el 6 de junio de 2012. El presidente del máximo órgano ejecutivo era entonces Ignacio González y Cifuentes, que figuraba como consejera delegada del Gobierno, dio su voto a favor al punto 8 del orden del día, por el que se aprobaba la creación de la sociedad anónima para emprender el proceso de privatización.
El acta de aquel consejo, a la que ha tenido acceso elEconomista, refleja cómo "la señora consejera Cristina Cifuentes Cuentas interviene para manifestar su apoyo a este proceso y que desde la Administración del Estado siempre estaremos para ayudar en lo que sea posible, y agradece la rigurosa y amplia información ofrecida y recibida sobre la propuesta de creación de la nueva sociedad". En la actualidad, en el accionariado de la sociedad anónima Canal de Isabel II Gestión está representada la Comunidad de Madrid, a través del ente público Canal de Isabel II, y 111 municipios de la región.
La iniciativa de Ciudadanos, con el voto a favor del PP y el rechazo del PSOE y Podemos, modifica la Ley de Acompañamiento de 2008, de manera que establece que "la titularidad de las acciones que constituyen el capital social de la sociedad únicamente podrá corresponder a la Comunidad de Madrid y a ayuntamientos comprendidos en su ámbito territorial". Asimismo, fija que la participación de la Comunidad "no podrá ser inferior, en ningún caso, al 51 por cien del capital social". Un cambio de postura radical.
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