La Comunidad de Madrid ejecutará hoy los avales que Cemonasa, la concesionaria controlada por OHL adjudicataria de la construcción y explotación del tren de Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero, depositó en su momento por un importe de 16 millones de euros. A principios de 2016, el Gobierno de Cristina Cifuentes impuso una multa a la empresa por 34 millones por no haber cumplido el plazo de ejecución de las obras y que está recurrida.
La Comunidad de Madrid ha tomado la decisión de ejecutar los avales tras la desestimación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la pasada semana, de un recurso presentado por la empresa. Con ello, cubre casi la mitad de la multa. La ejecución, no obstante, responde a su condición de primer requerimiento, es decir, sin que "ningún tribunal se haya pronunciado sobre si procede y es ajustado a derecho abonar parte de la sanción con los avales", según explican fuentes jurídicas.
Mientras tanto, el contencioso por disconformidad de Cemonasa, que desde marzo se halla en fase de liquidación, con la sanción que sigue ante el TSJM se encuentra suspendido a la espera de que haya sentencia en la petición previa, de junio de 2015, de la concesionaria de resolución del contrato de concesión por incumplimientos de la Comunidad de Madrid.
Procesos abiertos
El Gobierno madrileño tendría que devolver el importe de los avales más los intereses correspondientes a Cemonasa si el TSJM da la razón a la empresa en relación a la multa de 34 millones que tiene recurrida o si el mismo tribunal falla a favor de la firma de OHL en cuanto a su reclamación para resolver el contrato.
Entretanto, el liquidador de Cemonasa ya ha presentado un plan de liquidación en el que prevé la recuperación de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) como el único activo que permitiría el pago a los acreedores. La RPA reclamada por Cemonasa alcanza los 370 millones de euros, de los que cerca de 320 millones corresponden a la inversión total en el Cercanías Móstoles-Navalcarnero y los 50 millones restantes a los daños y perjuicios que la sociedad concesionaria ya solicitó al TSJM en junio de 2015.
