En los Presupuestos del Estado, curiosamente, faltará un elemento clave del pacto entre el PP y el PNV que los ha permitido.
Este pacto consiste en la eliminación de la tarifa de alta tensión 6.1 B y la incorporación de las 1.169 empresas -790 son vascas- que la tenían contratada a la tarifa 6.2. Con ello ahorrarán un 44% en los peajes de acceso: 14,72 euros por MWh frente a 26,26 euros por MWh. La medida costará unos 50 millones a los contribuyentes y se incorporará a los Presupuestos de 2018.
La desaparición de la tarifa 6.1 B es un triunfo claro de la industria vasca, impulsora de la medida. Además es una victoria sobre otra victoria, porque esa tarifa se creó en 2014 tras otro acuerdo entre el PP y el PNV que se tradujo en una rebaja de los peajes del orden del 20%. En aquel momento a la 6.1 B se le adjudicó el inspirado apelativo de euskopeaje.
Sin embargo, en otras latitudes, como Cataluña, se han apresurado a denunciar discriminación territorial y ruptura de la unidad del mercado porque a ellos no les afecta el deceso de la tarifa 6.1 B. Y otras voces en todo el Estado piden que desaparezca la tarifa 3.1 y se incorporen sus 87.494 empresas a la 6.1, consiguiéndoles un ahorro de 300 millones.
El origen del embrollo está en viejos reglamentos de seguridad industrial, que dividían las redes en tres clases según su tensión y su aislamiento. En el año 2001 el Gobierno segregó sin demasiado rigor esas tres clases en seis tarifas de acceso (que de menor a mayor tensión son 3.0, 3.1, 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4) y distribuyó los costes en cascada: cuanto más alta es la tensión, menos se paga.
De repente, las empresas industriales vieron que tenían que pagar en función de la tensión a la que estaban enganchadas, con notable confusión en la media tensión, ligada al despliegue acometido en su día por las eléctricas: en el País Vasco abunda la tensión de 30 a 36 kV -de la tarifa 6.1 B-, mientras que en Cataluña lo hace la tensión de 25 a 30 kV, repartidas entre las tarifas 3.1 y 6.1 A.
Al principio no fue demasiado grave, pero con el incremento de los pagos a las renovables, los intereses del déficit y otras partidas, las tarifas de tensiones bajas se han ido encareciendo más que las altas, y todas las empresas quieren huir de ellas y subir en la escala.
Entre otras anomalías, esa escapada hacia arriba para abaratar costes energéticos ha provocado que haya 5.000 MW ficiticios enclavados en la tarifa 6.1 A, que corresponden a Pymes a las que les basta con la tensión de la tarifa 3.1 y sólo tienen contratado un tramo horario de su potencia a la 6.1 para pagar menos: el salto es notable, de 52,6 euros por MWh a 32,3 euros por MWh.
El problema, por lo tanto, es técnico y confuso, pero revela que en España las tarifas no las calculan los especialistas, sino que las deciden los políticos. Tenemos un expediente europeo abierto por ello y hay un conflicto sangrante entre el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que osa pretender calcular y aplicar las tarifas neutralmente.
