España quiere prepararse para la transición energética. El Gobierno reunirá la próxima semana en la sede del Ministerio de Agricultura a más de 300 expertos para poder debatir la futura Ley de Cambio climático y transición energética.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se encargará de abrir la jornada que contará con la presencia del comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, así como los propios ministros de Agricultura y Medioambiente, Isabel García Tejerina, y del ministro de Energía, Álvaro Nadal, se encargarán de la clausura de la misma.
El acto tiene como objetivo hacer una reflexión sobre los aspectos clave necesarios para establecer el marco normativo de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética española así como el plan que se tiene que presentar a finales de este año a la Comisión Europea con el horizonte 2030.
La propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativos a la gobernanza de la Unión de la Energía obligan a los países miembros a presentar los llamados Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima donde se deben incluir metas en cinco aspectos: descarbonización, eficiencia energética, seguridad energética, mercado interior de la energía e innovación y competitividad.
La propuesta prevé que los Estados remitan el 1 de enero de 2018 sus proyectos de planes nacionales de energía y clima 2021-2030 tras establecer previamente un proceso de consultas con la vista puesta en alcanzar una versión definitiva en 2019.
Por ese motivo, la jornada será un espacio de encuentro entre los principales agentes y sectores implicados, para lo que el Gobierno ha invitado a representantes de ámbitos diversos como las Administraciones, los grupos políticos, empresas, sector financiero, organizaciones no gubernamentales, sindicatos y científicos.
Las jornadas contarán con cinco sesiones de trabajo, dedicadas a los principales sectores y áreas de interés como El sector agrícola, ganadero, forestal y de la alimentación, La importancia de la adaptación al cambio climático en España o Las soluciones de las ciudades: sector residuos, residencial y movilidad urbana'. También se debatirá sobre Un modelo de transporte sostenible y bajo en carbono y sobre La energía y la industria en la transición hacia un modelo bajo en carbono.
Las conclusiones de cada una de las siete mesas de debate de las cinco sesiones de trabajo serán tenidas en cuenta en la elaboración de la Ley y se podrán seguir mandando aportaciones (además de abrirse a la consulta pública pertinente).
Proposición no de ley
A esta medida se sumarán también los esfuerzos parlamentarios que están realizando tanto desde el Gobierno como desde la oposición.
La diputada socialista, Pilar Lucio, presentó el pasado 27 de abril una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados por la que insta al Gobierno a fijar una posición común en materia de energía y clima.
En la propuesta -que cuenta con una redacción que permitiría el apoyo del Gobierno cuando se decida tramitar oficialmente- se solicita elaborar un informe que recoja el análisis de los posibles escenarios de transición energética, las alternativas existentes y su correspondiente coste teniendo en cuenta la influencia de cambios tecnológicos y los compromisos climáticos.
Este informe deberá proponer unas conclusiones y una estrategia integral para el cumplimiento de los objetivos europeos en materia de energía y clima de 2030 a 2050, es decir, una visión mucho más amplia de la que se va a enviar a la Comisión Europea.
En la propuesta se pide que se constituya una Comisión de Expertos, entre especialistas de reconocido prestigio, cuya composición debe asegurar la independencia y pluralidad. Los grupos parlamentarios podrán proponer miembros que reúnan los conocimientos y experiencia necesarios. La Comisión deberá recabar información y la participación de las comunidades autónomas y trabará coordinadamente con el Grupo de Trabajo interministerial que elabora la nueva ley.
En abril, el Gobierno creó una Comisión Interministerial con los secretarios de Estado o subsecretarios de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Hacienda y Función Pública, del Interior, de Fomento, de Educación, Cultura y Deporte, de Energía, Turismo y Agenda Digital, de Presidencia, de Economía, Industria y Competitividad, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para comenzar a trabajar en este anteproyecto de Ley.
Falta tiempo
Todos estos pasos políticos se producen en un momento en el que se deben tomar grandes decisiones en el sector energético, pero parece que ya no se dispone del tiempo suficiente.
Endesa, Iberdrola y Gas Natural tienen hasta el 8 de junio para decidir el futuro de la central nuclear de Almaraz, que debe solicitar o no antes de esa fecha su renovación de licencia.
Si el Gobierno no acepta ampliar en dos años el plazo para solicitar la renovación de licencia es probable que Iberdrola mantenga la decisión de no pedir la renovación, lo que provocaría automáticamente el cierre de la planta, ya que las decisiones deben tomarse por unanimidad.
Una decisión similar se tiene que adoptar sobre Vandellós.
El Gobierno también debe tomar una decisión sobre Garoña en agosto y se espera que pueda abrir la consulta pública sobre el futuro de la planta después de este gran acto sobre cambio climático.
La reunión debería servir también para aclarar los próximos calendarios de subastas de renovables, ya que faltarían todavía más de 5.000 MW por subastarse en los próximos tres años para poder cumplir con los compromisos existentes con la Comisión Europea.
En el punto de mira están también los planes para mantener centrales de carbón abiertas como ha manifestado el ministro de Energía, Alvaro Nadal, tras el anuncio por parte de Enel sobre su disposición a cerrar las plantas de Compostilla y Andorra en 2020.
Según los últimos datos disponibles de la Comisión, España se aleja de la senda de cumplimiento a 2020 en materia de renovables, en tanto que estas energías abastecieron el 15,6 por ciento del consumo eléctrico en 2015, mientras para estar en consonancia con el objetivo se requería un 16,7 por ciento ese año.
La UE se ha propuesto conseguir, con la suma de los esfuerzos de sus miembros, un 27 por ciento de generación renovable y un 30 por ciento de eficiencia energética en 2030, pero no exige un mínimo por país, lo que implica que con los objetivos muy ambiciosos de algunos pueda alcanzarse la meta, aunque otros apenas hayan contribuido pero que tendrán que hacer aportaciones económicas para poder compensarlo.
Las empresas se preparan ya para esta histórica batalla. El Grupo Español para el Crecimiento Verde -compuesto por pequeñas y grandes empresas comprometidas con los retos medioambientales, entre ellas, Acciona, Iberdrola- presentará el próximo martes, junto al Ministerio de Medio Ambiente, la Plataforma Nacional por la Acción Climática, una iniciativa pionera en Europa de colaboración público-privada contra el cambio climático.
