El ministro de Energía, Álvaro Nadal, abre fuego contra Endesa; o mejor, ametralla a Endesa, pero apuntando a Enel.
La semana pasada, en el Senado, a cuenta del cierre de dos centrales de carbón nacional, descargó que "al ser una empresa italiana no le importa, para hacer política de empleo en Italia, crear desempleo en España, y no le importa, para hacer política medioambiental en Italia, hacer política de pérdida de competitividad en España".
No era la primera vez que se despachaba a gusto en tan solemne foro: a inicios de abril descerrajó que "Endesa sí tiene una falta de inversión en el conjunto de España; es verdad: en lugar de llegar al cien por cien de lo que podría invertir solo llega al 60". Y añadió que "tiene escasez de inversión [...] en todas las zonas del territorio nacional donde hay problemas de suministro, y ese es un asunto que, aunque ellos deciden privadamente, afecta a la política energética en su conjunto y nos preocupa profundamente".
La balacera, obviamente, ha sentado fatal a la empresa. El primer caso, virulencia aparte, puede considerarse otro episodio del sempiterno conflicto del carbón nacional; pero el segundo no, porque pone en solfa la calidad de su trabajo, y de qué manera.
Por eso, en el primer lance, Endesa ha callado, mas no así en el segundo, aunque apenas trascendiera: en declaraciones a Europa Press, aseveró que su inversión "asciende al cien por cien de lo que permite la legislación", añadiendo que de los 600 millones de euros anuales dedicados a la distribución, solo recibe retribución regulada por el 60% -la cifra esgrimida por Nadal- y que el resto "se cobra directamente a los clientes que se benefician de las respectivas infraestructuras". Después, ante la Junta de Accionistas, el consejero delegado, José Bogas, afirmó rotundamente que "Ninguna empresa eléctrica invierte más que Endesa en este país", cifrando el desembolso en 8.000 millones de euros desde 2010, año del desembarco de Enel.
Pero... ¿Quién tiene razón? ¿Invierte Endesa lo que debe? ¿Qué es eso de que cobra el 40% de la inversión a los clientes?
Actividad regulada al detalle
La distribución de electricidad es una actividad regulada. Consiste en recibir energía de las redes de alta tensión y distribuirla en baja tensión a los consumidores. Es un monopolio natural con una retribución de unos 5.150 millones anuales a partir de un exhaustivo inventario de los activos de cada compañía.
La inversión anual en las redes de distribución está limitada por la legislación al 0,13% del PIB del país y cada compañía tiene asignado, en función de su peso, un volumen máximo de inversión retribuido con cargo a la tarifa eléctrica. Las empresas, si quieren, pueden invertir más, pero eso corre de su cuenta.
Todos los ejercicios, las empresas distribuidoras tienen que preparar planes de inversión anuales y trienales, en función de la demanda prevista en sus territorios y de las exigencias de mantenimiento, que han de recibir el aprobado de las comunidades autónomas y el dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la cual, a su vez, debe elevar una propuesta de retribución al Ministerio de Energía.
A la hora de consignar las inversiones, las distribuidoras diferencian entre las que acometen ellas mismas directamente y las que acometen otras entidades. Estas últimas, denominadas cesiones en la jerga sectorial, suelen ser infraestructuras de conexión de nuevas promociones urbanísticas o de nuevas plantas renovables que la Ley obliga a ejecutar al interesado -evitando que las costeen los consumidores-, y a cederlas a las distribuidoras para operarlas y mantenerlas.
En el caso de las inversiones propias, las distribuidoras las cargan sobre la tarifa eléctrica y las amortizan durante toda su vida útil, fijada en cuatro décadas, junto con su operación y su mantenimiento. En el caso de las inversiones de terceros, las distribuidoras reciben los activos ya construidos, de modo que solo cargan sobre la tarifa eléctrica el mantenimiento y la operación.
Ambas opciones tienen ventajas e inconvenientes. Las cesiones no exigen gasto de capital, pero suelen surgir conflictos de acceso con los cedentes y con las autonomías, que acaba resolviendo, tiempo después, la CNMC; con las inversiones propias se ahorran esos problemas, pero exigen un desembolso que se recupera a muy largo plazo.
A pesar del elevado grado de detalle de la normativa de la distribución, todavía no se ha reglado qué infraestructuras deben acometer las distribuidoras y cuáles deben correr por cuenta de terceros -hay unos borradores de procedimientos de operación aparcados hace más de un quinquenio-, de modo que se hace, en palabras de la CNMC, "con la mejor estimación disponible por parte de las empresas". Muestra del retraso en la regulación es que hace apenas 15 días que el BOE publicó el formato que deben tener los planes de inversión en las redes.
Endesa mantiene el criterio
Echando un vistazo a los planes de las distribuidoras, las cesiones pesan el 42% en los 1.691 millones de inversión previstos por Endesa en su red entre 2017 y 2019, es decir, sobre el total de inversión con derecho a retribución -recuérdese que, en conjunto, está limitada al 0,13% del PIB nacional-, la compañía solo cargará sobre la tarifa eléctrica el 58%, una cifra acorde con la esgrimida por el ministro Nadal.
Con gran contraste, Iberdrola, con 1.372 millones, solo asigna un 11,6% de cesiones, y Gas Natural Fenosa (GNF), con 704 millones, un 13,1%. Remontándonos hasta 2010, Endesa mantiene un porcentaje de cesiones similar, mientras que la proporción en las otras dos compañías se ha reducido mucho, a un tercio en el caso de Iberdrola y a la mitad en el de GNF.
Más allá de la disparidad contable de las tres eléctricas -que puede responder a numerosos factores-, Nadal puede afirmar, si así lo desea, que Endesa invierte en las redes solo el 60% de lo que podría hasta llegar a su tope de retribución regulada, pero no parece muy correcto, porque sabe -o debería saber- que esas inversiones, tanto las propias como las de terceros, deben justificarse por incrementos de la demanda o por mantenimiento, y han de contar con el aval de las autonomías y la CNMC; la empresa no obra a voluntad.
Pero esos detalles no son relevantes en la montería del ministro contra el control del Estado italiano sobre Endesa.
