La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha pedido el juez que investiga la causa contra el patrimonio del expresidente del Gobierno Rodrigo Rato, que vuelva a citarle en calidad de investigado por la posible comisión de delito de cohecho y malversación de caudales públicos.
Se basa en nuevos hechos que pone de manifiesto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su informe aportado al titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid y adelantado por el diario El Mundo, y que concluyen que el exdirector gerente del FMI blanqueó dinero mientras ostentaba este cargo.
Anticorrupción argumentó su solicitud en un escrito presentado el pasado 18 de abril ante el juzgado de Madrid en el que le atribuye la comisión de estos nuevos delitos además del de blanqueo y contra la Hacienda Pública.
De aceptar la petición se trataría de la quinta vez que comparece Rato ante el magistrado instructor de la causa. En la última ocasión, el exministro defendió la contratación de su excuñado Santiago Alarcó por parte de Caja Madrid y rechazó irregularidades en esta gestión.
Rato, que tiene abiertas más de una decena de piezas en el marco de la investigación sobre el origen de su fortuna, "habría defraudado cuotas por un importe total de 6,8 millones de euros según expuso la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF)" en un informe adherido a la causa y que recoge que las rentas no declaradas apreciables en transferencias bancarias internacionales ascienden a un importe superior a los 7 millones de euros.
Rato pide un cambio en la instrucción
En otro orden de cosas, Rato denuncia que la causa que le investiga desde 2015 por presunta evasión fiscal y blanqueo de capitales ha quedado en manos de la Oficina Antifraude, la ONIF, y de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, después de que el juez haya dejado la instrucción "sin control".
De este modo ha respondido Rato al atestado de la UCO en el que los agentes de la Guardia Civil señalaban que varias empresas privatizadas en los años en los que fue ministro (1996-2004) pagaron por campañas de publicidad en medios casi 83 millones, a través de agencias presuntamente relacionadas con su familia.
En un escrito de 20 páginas al que ha tenido acceso Efe, el que fuera director gerente del FMI considera que la investigación es "eminentemente política" y está dirigida a empañar su "buen nombre como ministro" pese a carecer de pruebas concluyentes.
Rato cree que los agentes de la UCO parten de la hipótesis criminal de que desde su cargo público se habría enriquecido ilícitamente, una idea que, sostiene, tratan de defender tergiversando la realidad y aprovechando información obtenida a partir de diligencias "opacas", practicadas "en silencio y a espaldas de las defensas".
Enfatiza en su escrito que en España no está prohibido que un alto cargo sea accionista de empresas que contraten con la Administración e incide en que los atestados del Instituto Armado han implicado la práctica de numerosas pruebas realizadas "sin informar con carácter previo al juzgado o, incluso, pedir autorización respecto de las pesquisas".
48 investigados
El documento, remitido el pasado jueves por el exministro al juez de Madrid que instruye su caso, denuncia que en el último año y medio se haya tomado declaración a 48 personas, algunas de las cuales "en calidad de investigados", sin haber dado traslado a las defensas ni estando presente el propio magistrado.
Algo "absolutamente intolerable" que, según el escrito, probaría que se trata de una "causa general" en la que, "sin indicio racional de criminalidad previo", se investiga "la vida del señor Rato en su integridad".
Pero el exvicepresidente del Gobierno va más allá y considera que los sucesivos informes elaborados a partir de la documentación incautada durante el registro de su casa "ninguna relación guardan" con el supuesto delito de blanqueo de capitales en el extranjero que dio origen a las pesquisas en abril de 2015 y que fue el mandato que el juez, a petición del fiscal, otorgó entonces a la UCO.
Además se detiene en la pieza separada sobre COR Comunicación, señalada por la UCO como la sociedad que más fondos para campañas de publicidad habría recibido de las empresas privatizadas, 67,6 millones.
En concreto, llama la atención sobre el hecho de que la Audiencia Provincial de Madrid acordase archivar esta parte de la investigación al estar prescrito el presunto delito antes de conocer la opinión de la Guardia Civil, razón por la que, expone, "no cabe utilizar" este último informe para reabrir las pesquisas.
Acerca de la privatización de empresas, el exministro destaca que aunque ocupaba un cargo en el Gobierno, no tenía potestad para obligar a contratar servicios del "grupo Rato", y defiende que las operaciones desarrolladas por COR fueron "absolutamente legales, reales y a precio de mercado".
