La Superintendencia de Servicios Públicos colombiana ha encargado a la auditora PwC que vigile el proceso de liquidación de Electricaribe para que el proceso se realice de la forma más rápida posible. Con esta adjudicación respondió ayer Colombia al mensaje negociador que, de nuevo, había vuelto a lanzar el Gobierno español por boca del ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis.
Gas Natural Fenosa aseguró que Electricaribe mantenía pendientes de cobro facturas por 1.103 millones de euros antes de la intervención en noviembre, según los datos auditados por la misma PwC, por las deudas de organismos oficiales, de algunos de los clientes con menor poder económico y del robo de electricidad por enganches ilegales.
En la misma línea, y para asegurar que la intervención pública no mermaba el valor de la sociedad, la Superintendencia de Servicios Domiciliarios de Colombia ya encargó a PwC y a Deloitte que verificasen la corrección de su actuación al frente de Electricaribe.
Prestigio internacional
La elección de la firma de auditoría se ha basado en su prestigio internacional y en el conocimiento que la compañía atesoraba ya de la empresa.
Los gobernadores de la zona del Caribe han pedido formar parte del proceso de venta de la compañía por la que ya han mostrado interés un total de ocho empresas. No obstante, una parte importante han pedido medidas regulatorias para seguir adelante en el proceso.
