Empresas y finanzas

Seopan y EY piden acotar al 25% las bajas en los contratos públicos

EY y la patronal de las grandes constructoras, Seopan, reclamaron ayer que las administraciones limiten a un máximo del 25 por ciento los descuentos en la oferta económica de las contrataciones públicas. En 2016, la baja media alcanzó el 29,1 por ciento y en el caso de los contratos del Estado ascendió al 33,3 por ciento.

Esta medida forma parte de una batería de 25 propuestas que EY ha elaborado por encargo de Seopan para cambiar el modelo de contratación pública en España, que en palabras de Julián Núñez, presidente de la patronal, "está agotado" y que requiere mejorar la seguridad jurídica, la transparencia, la eficacia y la lucha contra la corrupción. Limitar las bajas es la punta del iceberg de las modificaciones que demanda un sistema basado, a su juicio, "en el papel predominante de la Administración". Por ello, reclama que el sector privado y la sociedad civil participen en la estrategia de inversiones en infraestructuras.

María Jesús Escobar, socia de EY, admite que esta propuesta puede incomodar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero considera que el de la construcción "no es un sector que permita innovaciones tales" para poder "reducir el precio de la oferta".

EY y Seopan abogan por rebajar igualmente el porcentaje que debe pesar la oferta económica en los contratos públicos, con un máximo del 50 por ciento del total, al tiempo que proponen que se especifiquen más conceptos objetivos como cualificación y maquinaria comprometidas o plazos de ejecución. "Los trabajos de ingeniería se están adjudicando como si fuera una subasta", apunta Javier García Seijas, socio de EY, quien justifica que "las constructoras son muy agresivas porque hay muy poco volumen de negocio", abunda. Esto lleva a que "se adjudican obras que no se van a poder hacer", remacha.

Tanto es así que la contratación de obras con descuentos que rozan la temeridad están a la orden del día. Incluso hay administraciones, como hizo Adif en la pasada legislatura, según Núñez, que incurría "sistemáticamente" en adjudicar en temeridad. Para paliarlo, plantean que el porcentaje de dispersión máximo sea de 5 puntos sobre la baja media del todas las ofertas económicas.

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