Llegados a este punto, las concesionarias de las autopistas de peaje en riesgo de quiebra han decidido hacer la batalla cada una por su cuenta en busca de una solución individual que les permita evitar su liquidación. En este escenario están al menos dos de las ocho sociedades en concurso de acreedores, las que gestionan la R-2 Madrid-Guadalajara y la AP-41 Madrid-Toledo.
Así lo confirman fuentes conocedoras de sendos procesos por los que están discutiendo con el Ministerio de Fomento para que éste acepte los convenios que presentaron en su momento.
"Son las dos autopistas con mayores posibilidades", señalan fuentes conocedoras de las negociaciones. Este nuevo posicionamiento surge después de que la opción de alcanzar un acuerdo común a las ocho concesiones se desvaneciera hace ya más de un año y medio y de que ahora, con nuevo Gobierno y ministro de Fomento -Íñigo de la Serna-, aquella propuesta sea inviable por su afectación en el déficit público.
A su llegada, el nuevo titular del ramo inició una negociación con Houlihan Lokey, la firma contratada por los fondos de inversión que han comprado en este tiempo alrededor del 80 por ciento de la deuda de las concesionarias a precios de derribo (entre el 80 y el 90 por ciento de su valor). Entre ellos figuran King Street, Taconic y SVP Global. Las conversaciones, sin embargo, no llegaron a buen puerto.
El punto de inflexión se ha producido ahora por el acercamiento de las posturas entre los accionistas de estas concesionarias y los fondos de inversión especuladores. El entendimiento es pleno en el caso de la R-2, que está operada por la sociedad Autopista del Henares, en concurso de acreedores desde septiembre de 2013, según abundan las mismas fuentes. Esta concesionaria es propiedad de Abertis, ACS, Acciona y Globalvia.
La deuda nominal de la R-2 es de unos 450 millones, pero las quitascon que los fondos han comprado supera ampliamente al descuento que contempla el convenio (del 50 por ciento). A ello se suma el repunte de los tráficos. En este escenario, los números empiezan a salir. Para ello, en todo caso, necesitan que Fomento acepte las condiciones del convenio. En juego tiene una Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) de apenas 40,7 millones -la más baja de todas las concesionarias quebradas-, pero también más de 100 millones por créditos participativos, de acuerdo con fuentes conocedoras.
La junta, el 23 de mayo
La junta de acreedores de Henarsa está convocada para el próximo 23 de mayo, después de que el juzgado de lo Mercantil número 10 de Madrid admitiera la solicitud de la concesionaria para suspenderla -estaba fijada para el pasado 13 de diciembre-, como adelantó este diario. La pelota, por tanto, está ahora en el techo de Fomento, cuyas prioridades, no obstante, están focalizadas en este momento en resolver el conflicto de la estiba.
Mientras, Autopista Madrid-Toledo, gestora de la AP-41, también habría logrado un acuerdo entre sus propietarios (Comsa, Isolux, Sando, Azvi y Banco Espirito Santo), de acuerdo con las fuentes consultadas. La sociedad ha iniciado las conversaciones con los acreedores para tratar de acercar posturas y poder así presionar al Ministerio. "Se está discutiendo", admiten desde uno de los accionistas. En su caso, la deuda nominal supera los 500 millones y la RPA los 348 millones.
El Gobierno tuvo que asumir el reequilibrio económico de esta concesión como consecuencia de no construir los enlaces hasta Ciudad Real y Córdoba, como contemplaba el contrato original. Esto permite a la sociedad recibir cada año una cantidad que en toda su vida sumará más de 130 millones.
