El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata se queda sin tiempo y el caso Pescanova sigue encallado desde hace cuatro años en el juzgado. La instrucción, que empezó en 2013, tenía que haber finalizado en junio del año pasado, pero De la Mata solicitó un año de prórroga al declarar la causa de especial complejidad y tener que esperar el resultado de distintas comisiones rogatorias. El plazo acaba ahora, concretamente en tres meses, y como la instrucción sigue sin cerrarse, no se ha dictado aún el auto de apertura de juicio oral.
Tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se estableció que la instrucción ha de practicarse con carácter general durante un plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o las diligencias previas, aunque el plazo máximo puede alargarse hasta los 18 meses en las causas que se declaren de instrucción compleja.
Si la instrucción no se cierra a tiempo y de forma adecuada, el caso podría archivarse, aunque fuentes de la Audiencia aseguran que es poco probable. De forma extraordinaria, y siempre a petición de la Fiscalía Anticorrupción y previa audiencia con las partes, la instrucción podría prorrogarse 18 meses más. No obstante, De la Mata deberá decidir si lleva el caso a juicio tal y como está la instrucción o si lo archiva, en caso de que el Ministerio Público no pida esta prórroga.
Múltiples causas
En la causa hay personadas más de un millar de inversores como prejudicados por el presunto fraude contable en la pesquera, que tras destaparse la deuda oculta y las facturas falsas, llegó a tener un agujero contable de 1.667 millones de euros y cuyos activos acabaron en manos de la banca acreedora.
Las fuentes jurídicas consultadas aseguran que tan solo faltan unos flecos pero que el proceso no acaba de finalizar, entre otras causas, porque De la Mata, que sustituyó a Pablo Ruz, tiene abiertas muchas más causas, como la investigación a la familia Pujol, la caja B del PP o el presunto fraude en Nueva Rumasa. De la Mata incrementó hace un año en 117,9 millones las fianzas impuestas en concepto de responsabilidad civil a una decena de altos cargos, a los que se imputa la comisión de delitos de falseamiento de cuentas y de información económica, uso de información relevante, estafa y falsificación de facturas. En un auto dictado el 17 de marzo de 2016, el magistrado elevó las responsabilidades pecuniarias hasta de 88,4 millones, pero a esa cantidad hay que sumarle el tercio establecido por la ley.
Fianzas
Con este incremento, la suma total que han tenido que satisfacer de forma solidaria los imputados asciende a 274,4 millones. Entre ellos, se encuentra el expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, al que el magistrado considera "máximo responsable" de las irregularidades en la empresa que dirigía. También se encuentran imputados los consejeros Alfonso Paz Andrade y José Antonio Pérez Nievas y los directivos Pablo Javier Fernández Andrade, Fernando Fernández de Sousa, Robert Albert Williams, Jesús García García, Joaquín Viña Tamargo, Antonio Taboas y Alfredo López.
En 2015, De la Mata había procedido ya al embargo de fincas localizadas en las localidades pontevedresas de Salceda, Tomiño y Tui que Fernández Sousa, el máximo ejecutivo de la pesquera durante más de tres décadas había puesto a nombre de su mujer, Rosario Andrade. Se trataba de un embargo preventivo para hacer frente a la fianza por responsabilidad civil que el antecesor de De la Mata le impuso por 158 millones por la presunta estafa.
