La Audiencia Provincial de Madrid acaba de tumbar el auto que ordenaba la liquidación de la concesionaria de la AP-7 Circunvalación de Alicante (Ciralsa), uno de los gestores de autopistas de peaje en riesgo de quiebra. En una sentencia del pasado 2 de marzo, el juez estima que la propuesta de convenio que la sociedad presentó en 2016 cumplía con la ley, frente a lo que dictaminó en mayo de 2016 el Juzgado de lo Mercantil 6 de Madrid. Esto implica su admisión a trámite y su retorno a la fase de convenio.
En este punto, el Mercantil tendrá ahora que convocar la junta de acreedores para votar la propuesta -que podría modificarse si el juez lo admite-, según explican fuentes jurídicas. La decisión posterga el traspaso de la autopista al Ministerio de Fomento, que demorará así el pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) de hasta 398 millones de euros. Las mismas fuentes indican que supone "regresar a cómo estábamos antes de mayo de 2016", por lo que se estima que el proceso podría prolongarse hasta el próximo año.
La sentencia sienta además un precedente que puede extenderse al resto de procesos de las autopistas de peaje en concurso de acreedores cuyas concesionarias hayan presentado una propuesta individual y hayan apelado su liquidación -o lo hagan-. Es el caso de Accesos de Madrid (R3 y R5), que está pendiente de resolución en fechas próximas. No ocurrió así con la AP-36 Ocaña-La Roda, que se convertirá en la primera concesión en liquidarse -ya hay sentencia firme-. El resto de vías en concurso -nueve en total- son la R2, la R4, la AP-41, la M-12 y la AP-7 Cartagena-Vera.
El fallo de la Audiencia Provincial puede provocar que las resoluciones de los procesos de las autopistas en concurso se retrasen aún más. Con ello, el Gobierno conseguiría más tiempo para asumir la gestión de las autopistas y, en consecuencia, pagar las RPA.
Ciralsa (ACS, Globalvia y Abertis) presentó un convenio en el que planteaba una quita de la deuda del 50% y un plazo de espera de 30 años. El Juzgado de lo Mercantil la rechazó por superar los límites legales (el 50% de quita y 5 años de espera). También rechazó la propuesta de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa), dependiente de Fomento, que incluía quitas de hasta el 100%.
Estimado recurso de Ciralsa
Ahora, sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso de apelación de Ciralsa contra aquella sentencia -no la de Seittsa-. A pesar de que rechaza varios de los argumentos expuestos por la concesionaria, admite sin embargo la excepcionalidad del caso para que se rebasen dichos límites, al tratarse de una empresa "cuya actividad pueda tener especial trascendencia para la economía" y afecta al interés general.
"La superación de los límites impuestos legalmente tiene en este caso debida justificación", señala la sentencia. La trascendencia para la economía deriva de las consecuencias del cese de actividad, que supondría el pago de 398 millones por Fomento por la RPA. Como contraparte, el Ministerio "debería recuperar el préstamo participativo concedido a Ciralsa" por 101 millones.
También hace referencia el dictamen a la pérdida de ingresos derivados del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el empleo (56 puestos de trabajo directos y 10 indirectos), así como a las "costosas medidas" para Aumar (Abertis) por asumir el cobro de los peajes en la AP-7 que ya no gestionaría Ciralsa en virtud del acuerdo suscrito entre ambas empresas.
