Los cálculos de las autoridades colombianas indican que precisa una inyección superior a los 707 millones de euros hasta 2024, lo que le obligará a incurrir en pérdidas, y eso sin contar con la devolución de las deudas acumuladas, de otros 750 millones.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia, que intervino Electricaribe el pasado 14 de noviembre ante el riesgo de que su insolvencia derivara en apagones para 2,4 millones de clientes, anunció ayer la apertura de un proceso de liquidación y venta de los activos de la empresa, con una duración estimada de un año.
El superintendente, José Miguel Mendoza, informó durante una rueda de prensa que, tras analizar la empresa con detalle durante los últimos cuatro meses, la institución ha llegado a la conclusión de que "la compañía no está en condiciones de prestar un servicio de energía con la calidad y la continuidad debidas", por la "obsolescencia" de su infraestructura eléctrica.
La Resolución que da carta de naturaleza a la liquidación de Electricaribe indica que sus infraestructuras eléctricas deben recibir una inversión de 707 millones de euros entre este 2017 y 2024 para recuperar los parámetros legales de calidad. Este desembolso, atendiendo exclusivamente al flujo de caja operativo de la compañía -obviando las obligaciones financieras-, haría que la empresa incurriese en pérdidas en todos los ejercicios hasta 2022.
En su intervención ante los medios, Mendoza indicó que ha contratado a una consultora internacional -no la nombró- para evaluar nuevamente el monto de inversión necesario y que esa cifra de inversión iba a ser superior.
Deudas por 750 millones
Mendoza también anunció que Electricaribe acumula una deuda de 750 millones, de los que 565 millones son con entidades financieras. GNF, explicó, únicamente percibirá algo de la venta de su filial cuando hayan cobrado los acreedores.
Los medios le preguntaron por la demanda de GNF en la corte de arbitraje del Banco Mundial y Mendoza replicó que esa "amenaza" no podía obligarle a que se "abstenga de adherirse a los estándares legales cuando se trata de una empresa en quiebra".
La demanda en la corte de arbitraje -contemplada en el Acuerdo bilateral de protección de inversiones entre España y Colombia- pendía sobre el país suramericano desde inicios de marzo y ayer GNF, al poco de conocerse la decisión de intervenir, anunció que "no le queda otra alternativa que acudir a una institución internacional para que resuelva la situación [...], vía que ha estado demorando hasta el momento voluntariamente".
La multinacional había estado negociando con el Gobierno colombiano intensamente en las últimas semanas -ayer mismo se produjo una reunión en Bogotá entre su presidente, Isidro Fainé, y José Manuel Santos, presidente del país-, pero sin éxito palpable.
Durante estas negociaciones ha dado la impresión de que el acuerdo era posible -la canciller colombiana dijo la semana pasada que era "mejor un mal arreglo que un buen pleito"-, pero no ha sido así. En contra ha remado la oposición de los políticos de los siete departamentos en los que opera Electricaribe, que, para desviar la atención de la descontenta población, han atacado con dureza a la española hasta que se produjo la intervención.
En esas regiones, precisamente, tiene un importante caladero de votos el propio presidente Santos, que emitió un tuit en el que consideraba "responsable" la intervención, porque "prioridad es que ni usuarios ni empresas sufran por suministro de energía".
Mantener el diálogo
A pesar de todo ello, y aunque ambas partes vayan a verse las caras delante de los árbitros internacionales, GNF ratifica su voluntad de mantener un diálogo abierto con las autoridades colombianas. No en vano tiene otro negocio de suministro de gas en la zona de Bogotá y está por ver que la Superintendencia encuentre compradores para la insolvente Electricaribe.
El Gobierno español, que emitió ayer otro comunicado, tras lamentar la decisión colombiana, le instó a mantener el diálogo a la par que mostraba su apoyo a GNF "si decide hacer uso de los instrumentos jurídicos a su disposición", en alusión a la reclamación internacional.
Con vistas al arbitraje, GNF exigirá una compensación "muy superior" al valor en libros de la compañía, 475 millones, que ya se vio obligada a desconsolidar de sus cuentas a finales del año pasado, tras la intervención, por exigencias de la normativa. Según anuncia la firma, demandará "la totalidad de su justo valor de mercado".
GNF, por otro lado, reivindicó su actuación al frente de Electricaribe desde el año 2000. Apuntó que ha invertido allí más de 800 millones de euros "y jamás ha cobrado ningún dividendo", recordó que el propio Estado cuenta con un 14% del capital social de la firma y que no ha tomado "las medidas necesarias para evitar el colapso de la sociedad por falta de adecuada regulación y seguridad jurídica".
Entre los elementos que más escuecen a GNF es la imposibilidad de ejecutar cortes de suministro a numerosos organismos públicos, blindados por la regulación. Su ya ex subsidiaria arrastra una deuda superior a los 1.300 millones, de los que 350 millones corresponden a ese tipo de entidades.
En su nota, GNF considera "una auténtica ocurrencia" que el superintendente Mendoza sostuviese en la rueda de prensa que solucionar el fraude o el impago estaba en sus manos: "Hay cientos de posibles soluciones, que corresponden a la empresa, no al Gobierno", afirmó.
