Las ingenierías territoriales se han alineado para exigir al Gobierno un cambio en la legislación para limitar la contratación pública en España a Ineco y Tragsa, entre otras. En concreto, un grupo de patronales autonómicas han planteado una enmienda al Proyecto de Ley de Contratos Públicos que se halla ahora en el Congreso. Reclaman que la facturación internacional de las empresas públicas no compute a la hora de realizar los cálculos para considerarlas medio propio del Ministerio de Fomento, una condición que le permite beneficiarse de las encomiendas de gestión -adjudicaciones sin concurso público-.
La norma vigente establece que para que una empresa pública sea considerada medio propio de la Administración debe facturar el 80% para el poder adjudicador que la controla -en el caso de Ineco, el Ministerio de Fomento, y en el de Tragsa, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente-.
Desde el sector privado se cuestionó ya hace tiempo el cumplimiento de esta norma por parte de Ineco debido a la progresiva internacionalización de la ingeniería pública, que participa, entre otros proyectos, en la emblemática línea de alta velocidad entre Medina y La Meca, en Arabia Saudí. La firma que desde hace escasos días preside Isaac Martín Barbero siempre ha garantizado el cumplimiento de la llamada regla del 80%.
En segmentos de las ingenierías privadas se ha pedido la privatización de la entidad, toda vez que consideran que su existencia -y la de las encomiendas de gestión- limita enormemente el negocio para el resto del sector. Fracasada esta solicitud por negativa del Gobierno, también reclamaron sin éxito que Ineco cesara en su internacionalización. Y, ahora, buscan una solución alternativa que encuentre cobijo en la nueva legislación sobre contratación pública que se tramita con carácter de urgencia en el Parlamento -acumula un retraso de 10 meses respecto a la obligación de trasponer las directivas europeas sobre las que se basa-.
Varias patronales territoriales de ingeniería (Asica, de Andalucía; Ageinco, de Galicia; Asincar, de Aragón; Asinca, de Cataluña; Acalinco, de Castilla y León; y AVIC, de País Vasco) han unido sus fuerzas para convencer a los grupos parlamentarios de que modifiquen el artículo 6 de la nueva Ley de Contratos Públicos. Éste señala que las empresas públicas serán beneficiarias de encomiendas cuando "realicen en el mercado abierto menos del 20% de las actividades". Las ingenierías autonómicas reclaman que se agregue "sin considerar la actividad en mercados internacionales".
Esta petición se sustenta en que la regla "perversa" del 80% propicia que cada vez que Ineco, Tragsa y el resto de empresas públicas "se adjudican un contrato en el exterior, las Administraciones tienen que encargarles trabajos por importe cinco veces superior para mantener" ese porcentaje de su cifra total de negocios derivada de encargos de sus propietarios. "Cada vez que Ineco gana un millón de cartera fuera de España, el Ministerio de Fomento tiene que contratarle cinco millones", advierte Ignacio Sánchez de Mora, presidente de la patronal andaluza Asica.
