El Puerto de Barcelona es una de las infraestructuras más importantes en Cataluña, y por su dimensión, una de las generadoras con más peso en la contratación de obra civil. Pero, aunque es una gran dinamizadora y terreno adobado para los negocios, la sombra del caso 3% se ha cernido en las últimas semanas sobre el Puerto. Las investigaciones del juez del Vendrell sobre dos adjudicaciones en 2012 y 2014 han puesto en tela de juicio la etapa de Sixte Cambra al frente del Port, elegido por Artur Mas en 2011. Hace tres semanas, la Guardia Civil registró el Puerto y detuvo técnicamente a Cambra.
La presunta financiación ilegal de Convergència por el cobro de comisiones a cambio de obra pública sigue investigándose y los indicios del macro caso 3% y sus derivadas han señalado a una serie de empresas, que también recibieron adjudicaciones por parte del Puerto. Así, de acuerdo con la información de las memorias de la autoridad y del BOE, el Puerto de Barcelona adjudicó de forma directa entre 2011 y 2015 más de 30 millones de euros en obras a empresas investigadas en el caso. Concretamente, a Comsa, Copisa y Rubau. De hecho, Comsa y Copisa son dos de las presuntas principales donadoras de fondos a las fundaciones relacionadas con la antigua Convergència, como CatDem o Barcelona Forum.
Las UTE aumentan ingresos
En todo caso, estos 30 millones no incluyen las adjudicaciones de las que se han beneficiado mediante UTE (uniones temporales de empresas), que son precisamente las contrataciones investigadas, y donde Comsa y Copisa comparten una sociedad para la Mejora del Dique Este en su fase 4. El nombre de Copisa vuelve a repetirse en el caso de los nuevos accesos a la ampliación del puerto sur, también investigados. Solo con la obra ejecutada entre 2011 y 2015 en sus respectivas sociedades compartidas, y teniendo en cuenta su peso dentro de estos consorcios, estas tres empresas obtuvieron otros 17 millones adicionales. Sus máximos responsables, Xavier Tauler (Copisa, ahora ex consejero delegado, pero que también fue detenido cuando lo era en 2015 por la Operación Petrum III) y José Miarnau (Comsa-Emte) fueron detenidos durante la Operación Pika, aunque quedaron en libertad.
Estas detenciones y pesquisas obligaron al propio Sixte Cambra a convocar un consejo extraordinario para explicar que las adjudicaciones habían sido "impecables" pocos días después del registro, y que se habían seguido todos los pasos que indica Puertos del Estado. Este miércoles también se reunirá el consejo, aunque de forma ordinaria.
En todo caso, la empresa de los Miarnau y los Sumarroca, Comsa, fue una de las más beneficiadas de la adjudicación de obra por parte del Puerto de Barcelona. No solo se llevó 21,5 millones de euros directos de la ejecución durante la etapa de Artur Mas en la Generalitat, sino que entre 2013 y 2015 consiguió más del 18% de lo que se considera en las memorias del Puerto como "principales obras ejecutadas".
Cercanía a los Pujol
Comsa es propiedad de dos de las familias más cercanas a Pujol, en concreto, de los Miarnau y los Sumarroca (propietaria también de Teyco, ahora TOP Proyectos). El patriarca de los Sumarroca es uno de los fundadores de Convergència e íntimo de Jordi Pujol. Y es que no solo José Miarnau (de Comsa) ha sido detenido; Jordi Sumarroca Claverol también fue detenido e ingresó en prisión sin fianza a finales de julio del 2015, en el marco de la operación Petrum.
Entre las constructoras de cabecera de la supuesta red de financiación ilegal de CDC, también aparece destacada Copisa, de la familia Cornadó. En su caso, el propio Josep Cornadó y su mujer fueron imputados por un caso diferente al del 3% como era el pago de supuestas comisiones ilegales a uno de los hijos del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola.
Copisa también obtuvo la adjudicación de obras importantes del Puerto, como la de la ampliación de la zona de maniobras del Muelle Sur. En total, obtuvo contratos directos por 3,1 millones de euros entre 2011 y 2015.