La Cámara internacional de comercio de París decidirá el próximo mes de marzo sobre el arbitraje presentado por los socios de Florentino Pérez en el almacén de gas natural Castor, Dundee Energy.
El desencuentro entre ambos socios, de acuerdo con una nota de Dundee a sus accionistas fechada en mayo de 2015, se produjo porque en noviembre de 2014, ACS pidió un crédito de 300 millones de euros para Escal UGS, la sociedad promotora del polémico almacén. De ese capital, 60 millones se destinaron a refinanciar deuda bancaria anterior y 240 millones fueron a parar a la caja de la constructora de Florentino Pérez, también como devolución de préstamos precedentes con su compañía.
Dundee consideró en aquel momento que el comportamiento de ACS fue contrario a sus intereses, porque Escal también tenía deudas contraídas con ella. A su juicio, el reparto contravenía el acuerdo que firmaron ambas empresas en el año 2007.
La misiva de Dundee a sus accionistas también indicaba que esperaba noticias de pagos adicionales a los 1.460 millones que Escal recibió del Gobierno español cuando éste decidió frenar la puesta en marcha del almacén a la espera de que se elaborasen detallados informes sobre su viabilidad, que siguen a día de hoy sin llegar.
Pagos adicionales
Dundee echaba en falta un pago, reconocido por la legislación española, correspondiente a la actividad desempeñada desde que se frenó el proyecto en julio de 2012 hasta octubre de 2014. Entre otros conceptos, incluía el reintegro de los costes incurridos por la operación y mantenimiento de la instalación. Según indica, desconoce tanto su volumen como el calendario de liquidación. Finalmente, los promotores lograron cobrar otros 295 millones por este concepto, elevando así de nuevo la factura del rescate del polémico almacén de gas.
En un primer momento, la decisión de la Cámara Internacional de Comercio estaba prevista para este mismo mes de febrero pero las partes volvieron a someter a consideración de los jueces nuevos documentos que han provocado este leve retraso en la decisión final.
Al mismo tiempo, el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs, sigue instruyendo el 'caso Castor', que amplió la investigación a 20 imputados. La plataforma de afectados (Aplaca) pidió una medida cautelar de 1.000 millones a ACS y Escal, pero finalmente el juez rechazó esta medida.
Informe del MIT
Por otro lado, Enagas sigue a la espera de recibir el informe definitivo sobre los riesgos sísmicos del Castor que ha encargado al Instituto Tecnológico de Massachusets (MIT).
El equipo de esta prestigiosa universidad estadounidense está elaborando un informe sobre el que se adoptarán posteriormente las pertinentes decisiones de si se debe llegar al cierre y desmantelamiento del mismo.
Según las previsiones que se barajan en estos momentos, el informe se podría entregar a finales del próximo mes de marzo.
El Gobierno espera el informe de esta instalación para decidir si finalmente opta por desmantelar la planta o por intentar volver a ponerla en funcionamiento, un extremo que parece complicado después de generar más de 400 terremotos.
