Gas Natural Fenosa (GNF) informó por escrito al Gobierno de Colombia el pasado 2 de diciembre de que va a presentarle una demanda en la Corte de arbitraje del Banco Mundial (Ciadi) para que los jueces se pronuncien sobre la situación de su filial Electricaribe, que está temporalmente intervenida por las autoridades del país desde el pasado 15 de noviembre.
GNF activó en julio el Acuerdo bilateral de protección de inversiones entre España y Colombia, que establece un período de seis meses para negociar y solucionar las discrepancias. Una vez vencido ese plazo, GNF puede acudir a la Justicia colombiana o a la Justicia internacional, pero siempre que haya notificado por escrito, con 90 días de anticipación, su intención de reclamar el arbitraje.
Ayer GNF informó de que a partir del 3 de marzo está habilitada para acudir al arbitraje, porque en esa fecha se cumplen los referidos 90 días.
GNF puede no apelar a la Justicia si consigue llegar a una solución negociada con Colombia, algo que parece muy improbable: el pasado 15 de noviembre recurrió administrativamente la intervención de la subsidiaria, reclamando que le sea devuelta su gestión, pero la respuesta de las autoridades colombianas fue ampliar el período de la intervención temporal el máximo posible, hasta el 15 de marzo; éstas, además, dicen barajar la expropiación o la liquidación de la firma, no la devolución a su dueño.
Ahora GNF ha vuelto a manifestar "su preocupación por el deterioro que están presentando los indicadores de recaudo, fraude y calidad y ratifica su deseo de un acuerdo entre las partes que le permita retomar el control de la empresa y acometer a la mayor brevedad el necesario plan de inversiones, así como ratifica su voluntad de seguir invirtiendo en Colombia".
