La Generalitat de Cataluña prepara un nuevo impuesto ambiental a las centrales nucleares con el que prevé recaudar 28,29 millones en 2017. La iniciativa afectaría a las centrales de Vandellòs y Ascó, propiedad de Endesa e Iberdrola.
Según la memoria de los Presupuestos catalanes, el impuesto anterior tenía prevista una recaudación de 39,6 millones para el año 2015, pero tras el recurso del Estado, se declaró inconstitucional el anterior impuesto a la producción eléctrica nuclear que tenía Cataluña. Ahora, la Generalitat responde con la creación de uno nuevo sobre la producción, manipulación, transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos.
Subirá la luz
El Ministerio de Energía está preparando ya una orden ministerial en la que prevé las refacturaciones de cuatro comunidades autónomas, Cataluña, Valencia, Castilla La Mancha y Rioja, por tener impuestos propios al sector eléctrico.
Este medida, evidentemente, rompe la unidad de mercado en el recibo eléctrico de manera definitiva y hará que en estas comunidades la electricidad resulte más cara que en el resto de España (ya pasaba en parte en Baleares) y mermará su competitividad.
Ecologistas en Acción ha criticado el impuesto sobre las nucleares previsto en la ley de acompañamiento de los Presupuestos para 2017, porque así la Generalitat "reconoce la peligrosidad y riesgo" de la energía nuclear sobre las personas.
"A la salud y a la seguridad de las personas, no se les puede poner precio", ha afirmado la entidad en un comunicado sobre el impuesto por riesgo medioambiental de producción, manipulación, transporte, custodia y emisión de elementos tóxicos.
Ha sostenido que, aunque no tiene competencias, el Govern debe definirse claramente sobre la actividad de las nucleares porque el riesgo de accidente "crece a medida que estas instalaciones envejecen".
Los ecologistas han avisado de que la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (Anav) es la que acumula el número más alto de incidencias en sus instalaciones de toda España.
