Las ayudas para los 3.000 MW de nueva potencia renovable que se adjudicarán durante el primer trimestre del año que viene mediante subastas ascenderán a un máximo de 176 millones de euros anuales a partir de 2019, fecha límite para que estén en funcionamiento las instalaciones. La mayoría de las plantas serán eólicas y fotovoltaicas: cada una debería adjudicarse unos 1.400 MW.
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital sacó ayer a información pública una propuesta de Real Decreto para regular la convocatoria de subastas de nuevas instalaciones de fuentes renovables, así como la propuesta de Orden Ministerial que lo desarrolla.
Tal y como se había anunciado, todas las tecnologías verdes competirán por las ayudas, aunque el Ministerio espera que el grueso de la nueva potencia lo aporten la eólica y la fotovoltaica. Considerando el extremadamente improbable caso de que las subastas acaben sin rebajas sobre las ayudas ofrecidas, éstas ascenderán a un máximo de 176 millones anuales. Eólica y fotovoltaica deberían ganar 1.400 MW cada una -con un coste de 75 y 71 millones respectivamente- y el resto de tecnologías obtendría 200 MW, con un coste de 30 millones.
Las empresas participantes pujarán a la baja, ofreciendo una reducción sobre los costes de inversión estimados para tres casos tipo: uno eólico, otro fotovoltaico y otro para las demás tecnologías, sin diferenciarlas. Acto seguido se calculará el coste de las ofertas para los consumidores y se ordenarán de mayor a menor hasta alcanzar el volumen de potencia a adjudicar; el precio de la última oferta será el que se utilice para calcular la retribución de todos los ganadores, relacionándola con otros parámetros, como las horas previstas de funcionamiento, que son extraordinariamente elevadas: 2.800 para la eólica y 2.367 para la fotovoltaica. La rentabilidad final prevista antes de impuestos es del 7,503 por ciento.
Posible suelo a las ofertas
Para evitar que la marginalidad del proceso derive en un escenario similar al de la primera subasta, celebrada en enero -los participantes pujaron tan a la baja que perdieron las ayudas y las fórmulas para calcular la retribución quedaron sin sentido-, una futura Resolución del Ministerio, en la que se fijará el calendario de las subastas, podrá introducir un suelo a las ofertas de los participantes, entre otras reglas de detalle; la Cartera de Álvaro Nadal ya se ha mostrado favorable a ello en reuniones con el sector.
La futura normativa también establece filtros para evitar que cualquiera pueda participar en las pujas: quedarán excluidas las firmas consideradas en crisis, según las normas comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis, y las que no hayan devuelto ayudas declararas ilegales por la Comisión Europea.
Adicionalmente, se exigirá el depósito de una garantía de 60.000 euros por MW de potencia, que se irá devolviendo según se cumplan hitos de la tramitación; los plazos fijados para esto hitos son cortos, lo que apunta a que el Ministerio confía en asignar la potencia a proyectos con cierta madurez.
Con las próximas subastas, el Ministerio quiere que se incorporen las centrales más eficientes y al menor coste para el consumidor.
