
Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, anunció ayer que su departamento abrirá "un proceso de trabajo político inclusivo, participativo, para plantear un gran pacto nacional del agua". Este pacto, especificó, debería "llevar a una actualización del vigente Plan Hidrológico Nacional y, en su caso, de la actual Ley de aguas".
La ministra hizo el anuncio durante su primera comparecencia de la legislatura en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, dedicada a exponer las prioridades y propuestas de su Ministerio. Visiblemente acatarrada, indicó que, en materia de agua, tiene cinco grandes líneas de trabajo, de las que la primera es el citado pacto.
Ya en octubre el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presentó una Proposición no de ley para un Pacto Nacional del Agua que fue debatido en la Comisión. Con los planes hidrológicos hasta 2021 aprobados a inicios de año -una de las pocas actuaciones de gran calado del Gobierno en funciones-, procede la revisión del Plan Hidrológico Nacional, obstaculizado por conflictos como el del trasvase Tajo-Segura o el caudal ecológico del Delta del Ebro.
Abordar decisiones de Estado
Por ello García Tejerina, con un ajustado lenguaje, reclamó debate "para abordar decisiones de Estado en gestión del agua". Y pidió que en el debate cupieran ?propuestas técnicas para hacer un uso más eficaz, solidario e integrado de los diferentes recursos hídricos existentes?, al objeto de "asegurar las demandas en las cuencas deficitarias del país", garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la UE "y dotar al sistema español del agua de la suficiente estabilidad económica y financiera".
Como no podía ser menos, el debate "debe basarse en el consenso y apoyarse en los acuerdos necesarios con las comunidades autónomas y los usuarios del agua".
La finalidad última del debate y del pacto ulterior sería "una actualización del vigente plan hidrológico nacional y, en su caso, de la actual Ley de aguas".
La segunda de las líneas de trabajo del Ministerio es para las inversiones en agua, especialmente en depuración y saneamiento, área en la que se están destinando más de 1.000 millones de euros.
La tercera es la gestión del Dominio Público Hidráulico -anunció la creación de 53 reservas naturales fluviales-, con hincapié en la implementación de los planes de gestión de riesgo de inundación, incluidos por primera vez en los vigentes planes hidrológicos.
La cuarta es la conservación y el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas, en las que no se invierte lo suficiente.
Y la quinta es dar continuidad a las actividades internacionales acometidas durante la anterior legislatura.