El sector de la ingeniería y de la construcción está negociando con los distintos grupos parlamentarios la introducción de enmiendas al proyecto de Ley sobre Contratación Pública que el Consejo de Ministros aprobó, con carácter urgente para su tramitación en el Congreso, el pasado 25 de noviembre.
Entre las alegaciones que quieren integrar en la norma sobresalen las destinadas a que la calidad tenga más peso que la oferta económica en la adjudicación de contratos públicos y a cercar las denominadas bajas temerarias. También se aboga por mejorar la transparencia y fomentar el modelo concesional. La nueva ley ya da pasos en estos puntos, pero las empresas quieren ahondar en ellos.
El Congreso ha ampliado el plazo para presentar enmiendas al proyecto de Ley, que concluía ayer, hasta el próximo lunes, aunque todas las fuentes implicadas dan por seguro que se volverá a extender hasta enero. No en vano, la próxima semana están convocadas varias reuniones en el Parlamento para tratar la implementación de enmiendas.
La norma deriva de la trasposición de tres Directivas europeas sobre contratación pública y ha llegado al Congreso con varios meses de retraso -debía hacerse efectiva antes del 18 de abril pasado- como consecuencia de la interinidad del Gobierno durante casi un año.
Las reclamaciones de las ingenierías se han aglutinado en torno al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP). También participa en esta tarea el colegio profesional de Arquitectos (CSCAE) y, de forma paralela, igualmente hay patronales autonómicas y la propia CEOE que mantienen conversaciones particulares con los grupos parlamentarios. Por su parte, Seopan, la patronal de las constructoras, igualmente trabaja en sus peticiones concretas.
Los colegios profesionales ponen el foco en que la nueva ley haga efectiva la naturaleza intelectual de los servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo que reconoce, de forma que la calidad prime sobre los costes. En una propuesta de enmienda al artículo 145 plantean que el precio suponga un 30% y los criterios cualitativos un 70%. La directiva general (art. 77) prevé incluso que en estos contratos sólo haya competencia en la parte técnica.
El reparto de riesgos
Además, el CICCP hace hincapié en el control de las bajas temerarias, de forma que se considere una oferta anormalmente baja (art. 147) cuando esté un 5% por debajo de la media conjunta y un 2,5% en el caso de los servicios intelectuales. En el proyecto queda abierto a los pliegos. También solicita la modificación del art. 90 para que se valoren los trabajos realizados en los últimos cinco años, en lugar de tres, a la hora de acreditar la solvencia técnica. Ante la urgencia de la ley, el Colegio propone una disposición adicional a la misma sobre los temas que demanda con un plazo de seis meses.
Seopan, por su parte, apuesta por profundizar en la mejora del procedimiento de la transparencia y en fomentar la promoción del modelo concesional, en la línea de potenciar las iniciativas público-privadas. Precisamente, sobre este último punto quieren hacer hincapié algunos grupos políticos, como Ciudadanos. El diputado Fernando Navarro incide en la necesidad de implementar "una correcta asignación de riesgos de las concesiones" en la Administración y las empresas. Un objetivo que busca evitar situaciones como la de las autopistas de peaje en quiebra.
