Íñigo de la Serna aseguró ayer en Televisión Española que el Estado asumirá la gestión de las ocho autopistas en riesgo de quiebra.
Sus declaraciones se trasladaron a las cabeceras de los periódicos digitales e, incluso, el Grupo Parlamentario Socialista reaccionó por la tarde solicitando la comparecencia del nuevo ministro de Fomento en el Congreso de los Diputados para que dé explicaciones. Sorprende el revuelo generado. Al fin y al cabo, tanto el plan diseñado por su antecesora Ana Pastor como la liquidación de las vías, las dos únicas alternativas llegados a este punto, desembocan irremediablemente en que el Estado asumiría las autopistas.
El plan fallido que Pastor negoció hasta julio de 2015 contempla una quita del 50 por ciento de la deuda, de forma que el pasivo restante se titulizaría en un bono a 30 años y con un interés del 1 por ciento. Las autopistas se integrarían en una nueva sociedad pública. Esta es la opción que ahora el nuevo ministro quiere retomar. Lo anunció hace apenas tres semanas. Ahora bien, ya entonces admitió las dificultades de conseguir un resultado distinto al que cosechó la actual presidenta del Congreso. Una complejidad creciente por el grado de avance de los procesos concursales y la irrupción de ?fondos buitre? que han comprado a las entidades financieras una parte nada desdeñable de la deuda de las concesiones, que alcanza, según ha reconocido el propio ministro, los 3.400 millones de euros. ?Estamos intentando negociar con los bancos para ver si es posible un acuerdo que facilite las cosas, pero es complicado, es muy difícil, porque muchas entidades han vendido su deuda?, insistió ayer el ministro. En el caso de la liquidación, las autopistas se integrarán en Seittsa.
En septiembre, cuando el Gobierno aún ejercía en funciones, el juez concedió una prórroga de nueve meses, hasta el 1 de julio de 2017, para preparar la reversión al Estado de las radiales 3 y 5. El proceso de la R-2 también ha ganado tiempo y no celebrará su junta de acreedores hasta el próximo mes de mayo -estaba prevista para hoy-. Demoras que buscarían una solución consensuada que, a día de hoy, se antoja imposible.
Es precisamente el acuerdo entre las partes la salida menos costosa para las arcas públicas. En el sector empresarial inciden en que la liquidación siempre será más cara y, además, implicará el bloqueo de la futura actividad concesional. La patronal de las constructoras y las concesionarias, Seopan, estimó que el impacto para el Estado sería de al menos 5.500 millones.
Tanto si hay pacto como si se liquidan, Fomento asumirá la gestión de unos activos ya saneados. El Ministerio tendrá entonces que decidir sobre los peajes, primero, y sobre una futura relicitación, después.
