Los letrados de los principales acusados han argumentado en el turno de alegaciones que las pruebas aportadas por la acusación con los gastos efectuados han sido manipuladas y que se "quiere celebrar un juicio moral y no jurídico". Por su parte, el juez Andreu pide explicaciones al Banco de España de BFA-Bankia.
El abogado defensor de Rodrigo Rato en el juicio contra 65 usuarios de tarjetas opacas de Caja Madrid ha atacado la "inseguridad" de las acusaciones, que no han podido ponerse de acuerdo ni siquiera sobre quién es el perjudicado en la causa, si Bankia o el FROB, lo que demuestra que "uno de los dos sobraba" en la causa.
Durante la exposición de sus conclusiones, Ignacio Ayala, que ha pedido la absolución para el que fuera presidente de la entidad, ha criticado que se haya querido juzgar "una época, un modelo, un concepto", y que se haya querido celebrar "un juicio moral" y no jurídico.
En su opinión, se trata de una operativa en la que han participado "más de 100 personas a lo largo de 23 años", y de los cuales "están sentados como acusados 65", que se merecen "un juicio individualizado, el juicio de 65 individuos".
Ayala ha quitado legitimidad a las tablas de excel presentadas durante el juicio en las que constaban los gastos efectuados, y que en su opinión "son meras fotocopias y no puede constituir un documento mercantil".
La tabla excel "no tiene garantía alguna", puesto que el volcado de la información no ha sido controlado y no consta siquiera la fuente original; en su opinión, es impensable que la UDEF o la UCO hubieran presentado ante un tribunal pruebas con este método.
La misma línea argumental ha utilizado el abogado defensor de Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, que ha pedido la absolución para el expresidente de la caja, al que se quiere convertir en el "pim pam pum" de este caso, ya que en su opinión "los hechos no han quedado acreditados y por tanto no se ha demostrado la existencia del hecho delictivo".
"Uso legitimado de las tarjetas"
Carlos Aguilar ha defendido que los usuarios han visto "laminada" su reputación y su imagen pública, con la intención "de que se les corte la cabeza, como en Alicia en el País de las Maravillas", y ya después se les juzgue, a causa de un proceso "de origen oscuro" iniciado a instancias del FROB.
Aguilar ha asegurado que existían acuerdos societarios que amparaban el uso de estas tarjetas, que eran además sobradamente conocidas y cuya contabilización siempre ha sido la misma; pretender que se trataba de un sistema "clandestino", ha dicho, es faltar a la verdad.
Las tarjetas tenían su propio circuito, y no estaban, como se ha afirmado, fuera de éste, ha dicho Aguilar; estaban referenciadas en dos cuentas que se contabilizaban de forma manual, "siempre de la misma manera y con el mismo sistema, perfectamente accesible y conocible".
El abogado también ha hecho referencia a la pretensión de que las cuentas eran fiscalmente opacas, un argumento "naif" que ha refutado el hecho, conocido sólo una vez que ha comenzado el juicio, de que fueron objeto de una inspección fiscal.
Estos documentos no son más que una "manipulación informática que se ha querido dar de la contabilidad, sin validez probatoria", que sólo tendría "en el caso de contar con un soporte documental, que tiene que existir y que es imposible que no lo haya: no es que no exista, es que no lo han querido traer".
Y es que en su opinión, en este proceso no han jugado todos "con las mismas cartas, sino que la acusación ha contado con algunas que no ha querido utilizar".
"Terceiro no respetó la verdad"
También ha aludido a lo declarado por el expresidente de Caja Madrid y predecesor de Blesa en la entidad, Jaime Terceiro, que sabía perfectamente cuál era el carácter de estas tarjetas y de hecho no se refirió, cuando declaró como testigo, a los gastos específicos de la presidencia que él mismo efectuó y que no requerían justificación.
"Bajo ningún concepto estamos hablando de gastos de representación", ha señalado, "en ningún caso", como aseguró ante la Sala Terceiro, que según Aguilar tampoco "respetó la verdad" cuando dijo que las tarjetas no tenían pin y no se podían utilizar en cajeros, ya que a lo largo del juicio se ha demostrado que sí tenían número pin y sí se podían emplear en cajeros automáticos.
El abogado ha citado un acta del consejo de administración que en junio de 1994 indicaba que había que "mantener", y no "instaurar", el sistema de tarjetas, prueba evidente de que estaba ya en marcha cuando Miguel Blesa se hizo cargo de la entidad.
Aguilar ha recordado también que en la fase de instrucción el juez Fernando Andreu conoció la existencia de una tarjeta emitida en 1994, dos años antes de que Miguel Blesa llegara a la presidencia de la entidad, que compartía el mismo código que la mayoría de las "black", lo que refrenda la idea de que existían en Caja Madrid tarjetas de libre disposición y no exclusivamente para gastos de representación.
Los gastos de representación, ha dicho el letrado, pueden ser de libre disposición y están exentos de tributación, según dice "la propia Mesa del Congreso de los Diputados".
El letrado ha lamentado que el fiscal no haya reducido la pena que solicita para Blesa, seis años de cárcel pese a que su defendido ha restituido lo que gastó con su tarjeta.