Madrid necesita una nueva Ley del Suelo con carácter urgente y así lo manifiesta el sector inmobiliario como medida primordial para desatascar el urbanismo en la capital. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presentó recientemente en el Consejo de Gobierno un borrador de anteproyecto de la nueva Ley de Urbanismo y Suelo de la Comunidad de Madrid, la primera desde 2001. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Inmobiliaria.
Aunque todavía no se ha hecho pública, y hasta primeros de año no se llevará a la Asamblea, hemos querido saber lo que opina el sector, conocedor de algunos de los puntos del anteproyecto de Ley al participar en distintas mesas convocadas por la Comunidad de Madrid al respecto.
Lo primero que tenemos que analizar es por qué es necesaria una nueva norma. Según Antonio Ñudi, socio fundador de Urbe Asesores Jurídicos, en la Comunidad de Madrid hay una necesidad de tener una Ley nueva del Suelo. "Las Comunidades Autónomas tienen unas competencias dadas por la Constitución española, para legislar en materia de ordenación del territorio y urbanismo, y en esta materia hemos estado sufriendo durante 15 ó 20 años una dispersión normativa que no ha ayudado en nada a que el sector se mueva en un ambiente jurídico seguro", explica.
"La legislación estatal fue sometida a un proceso de reestructuración muy grande como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 que declaró la nulidad de las dos terceras partes del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 y, a partir de este momento, las Comunidades Autónomas iniciaron una carrera en asumir las competencias que ya tenían asignadas por la Constitución para legislar en materia de urbanismo".
Así, "Madrid lo hizo en el año 2001 y desde entonces hemos padecido 15 reformas de la Ley del Suelo en la CAM, que han sido arbitradas además por una técnica legislativa pésima, a través de las leyes de acompañamiento de presupuestos o de medidas urgentes que engloban otra serie de materias que nada tienen que ver con el urbanismo, como la famosa ley de las tres alturas más ático, entre otras".
"Esta dispersión de la norma lo que ha conducido es a una inseguridad jurídica enorme y a encontrarnos con 30 ó 40 sentencias jurídicas en la CAM que han tirado por tierra otros 30 ó 40 proyectos urbanísticos importantes en los últimos años, con lo cual la necesidad de una norma es vital", destaca.
Ley paralela de Podemos
La elaboración del borrador proviene del trabajo en colaboración tanto de partidos políticos, asociaciones, vecinos, expertos, representantes de colectivos y la Consejería. Podemos y PSOE abandonaron la participación en la segunda reunión de las mesas de trabajo cuando se derogó la Ley de las tres alturas más ático. Fuentes del sector apuntan que Podemos podía estar haciendo una Ley paralela, algo que no tendría mucho sentido a juicio del sector, porque de lo que se trata es de hacer una Ley duradera a largo plazo y no sólo para una legislatura.
Entre las novedades que incluye el anteproyecto de Ley, la más destacada es la apuesta por la rehabilitación y la regeneración urbana, con el fin de poder abordar rehabilitaciones de grandes áreas sin necesidad de modificar el Plan General.
También el nuevo texto reduce el suelo urbanizable, al eliminar la figura del suelo urbanizable no sectorizado y se crea un Plan General de Ordenación Urbana Simplificado, diseñado para localidades de menos de 5.000 habitantes. "Desde Ciudadanos nos hicimos eco de un vacío legal que está llevando a la judicialización del sector y la nueva ley tiene que dar respuesta a ello".
"No entendemos, por ejemplo, que en el caso de los vecinos de Raimundo Fernández Villaverde no exista un plazo para que se elabore un convenio de gestión y quede en manos de la voluntad del partido político de turno y eso se tiene que resolver con la nueva Ley. Es fundamental para Ciudadanos agilizar plazos y tramitaciones en todas las estructuras de planeamiento urbanístico".
"Una modificación puntual del Plan General no puede tardar hasta dos años porque esto afecta a todo: vecinos y promotores. Nosotros hemos propuesto incluir, dentro de las medidas, que se acoten y se agilicen los plazos. Es necesario establecer un sistema de control para que se cumplan esos plazos", explica Bosco Labrado, portavoz de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.
En esta línea, Juan José Perucho, director general del grupo inmobiliario Ibosa, afirma que desde el punto de vista del promotor el único llamamiento que hacen a la regulación es que cierren la puerta a un mal que están sufriendo los promotores como usuarios de esta Ley, que es la arbitrariedad.
"Lo que queremos es que la Ley trate de objetivar todos los pasos que se han de dar para al final desarrollar los suelos regulados en el Plan General. La redacción de la norma que está vigente da lugar a muchas interpretaciones, y esto es lo que nos lleva a todos a los juzgados; además, no se regulan bien los plazos en muchos de los pasos que ha de dar la Administración o el derecho al recurso rápido por parte del usuario del suelo. Existe una distorsión muy grande entre los derechos del administrado y los derechos de la Administración".
