Mientras que el sector de refrescos defendía que el impuesto sobre las bebidas azucaradas propuesto por la Generalitat de Cataluña, primero, y por el Gobierno de Mariano Rajoy después, podía repercutir negativamente en las ventas, Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola European Partners, se convertía en uno de los fichajes estrella de la diplomacia catalana.
La empresaria, presidenta de la embotelladora de Coca Cola, Cola Cola European Partners, se acaba de incorporar al consejo consultivo del Diplocat (Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña). En los estatutos de este organismo figuran como objetivos el trabajar "posicionando la imagen, la reputación y la proyección internacionales de Cataluña mediante la exportación del mejor conocimiento de la realidad del país y sus activos y valores únicos, con el fin de fomentar su internacionalización".
El comité consultivo en el que se integra Daurella, de nueva creación, se encargará de "asesorar y orientar las labores del Diplocat" y de ayudarle a "proyectar a Cataluña en el mundo", según el propio Diplocat. El nacimiento de este comité fue aprobado a finales de noviembre, en el pleno anual de la entidad, bajo la presidencia de Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña. En dicha reunión también participó Raül Romeva, que lidera la Conselleria de Asuntos y Relaciones Institucionales, que es el departamento de la Generalitat encargado de la apertura de la red de Embajadas en el exterior.
La integración de Sol Daurella en este comité ha activado las amenazas de boicot en Internet a las marcas de Coca-Cola en España, porque sus detractores interpretan que la empresaria apoya con su participación los esfuerzos del independentismo catalán por lograr validez internacional. Este conflicto, además, se suma a otras peticiones de no consumo de algunos trabajadores, apoyados por políticos.
El viernes, Pablo Iglesias, líder de Podemos, alentó el boicot tras las denuncias de algunos empleados de su planta de Fuenlabrada, que acusan a la compañía de no cumplir con las condiciones pactadas para la reapertura de la instalación, después de que el Tribunal Supremo anulara el ERE aprobado por Coca-Cola Iberian Partners (ahora integrada en Coca-Cola European Partners). La firma, no obstante, recordó a través de un comunicado que sí ha cumplido con todas las condiciones, reabriendo la planta de Fuenlabrada y reincorporando a la plantilla. Además, este cumplimiento está avalado por la Audiencia Nacional, que emitió hace un año un auto en el que así lo confirmaba.
A este respecto, Coca-Cola explica que está haciendo todo lo posible por solucionar el conflicto y espera que los trabajadores compartan "este espíritu" para "no comprometer ni perjudicar el futuro de la empresa", insiste.
El apoyo de De Quinto
Daurella, que suele mantenerse alejada de los actos públicos, es, no obstante, la única presidenta de una empresa cotizada que forma parte del nuevo órgano consultivo del Diplocat, compuesto por 39 asesores, lo que ha incrementado la visibilidad de su colaboración, muy criticada en la prensa digital catalana.
En dicho comité también participan otras figuras del mundo empresarial y económico, pero ninguna con el peso de Sol Daurella en el empresariado español. Por ejemplo, también lo integran Albert Castellón, que fue director general de Moritz; Joan Majó, exministro de Industria entre 1985-1986; Andreu Mas-Colell, anterior conseller de Economía de la Generalitat, o Pere Vallès, presidente ejecutivo de Scytl, entre otros.
El propio Marcos de Quinto, expresidente de Coca-Cola España, respaldó públicamente a la empresaria, después de que le preguntaran a través de Twitter sobre su opinión acerca del presunto apoyo de Daurella al independentismo. "No me consta que Sol sea independentista, solo trata de impulsar la inversión extranjera en Cataluña y eso es bueno para España", respondió De Quinto a través de su cuenta en esta red social.
Este conflicto cierra unas semanas complicadas para Coca-Cola y para el sector de bebidas azucaradas, que está abocado a ser objeto de una nueva tasa. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, confirmó el viernes que el nuevo impuesto se negociará en el Congreso y adelanta que espera recaudar unos 200 millones de 2017. La Generalitat se le adelantó y ha incluido este impuesto en su propuesta de Presupuestos para este año.
