Madrid, 4 oct (EFECOM).- El Juzgado de Instrucción número 3 de Alcobendas ha iniciado los trámites de apertura de juicio oral contra varios directivos del grupo Santander, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y apropiación indebida, derivados de la entrega en 1994 del 1 por ciento de las acciones de Banesto a trece ejecutivos.
El juzgado, en un auto al que ha tenido acceso EFE, insta a continuar la tramitación de las diligencias -en las que también aparecen imputados otros dos responsables del banco- por el procedimiento abreviado y da traslado del mismo al fiscal y a las partes para que en el plazo de 10 días formulen sus escritos de acusación, solicitando la apertura de juicio oral.
Además de este juzgado madrileño, otros magistrados investigan esta operación en las provincias de Vizcaya, Barcelona y Santander, en donde la Fiscalía Anticorrupción ha pedido hasta seis años de prisión para el presidente del Santander, Emilio Botín, por estos hechos.
La Fiscalía pide las mismas penas para el resto de miembros de la Comisión Ejecutiva del Santander que autorizó la entrega: Matías Rodríguez Inciarte, José Luis Díaz Fernández, Rafael Alonso Botín, Rodrigo Echenique, Juan Secades e Ignacio Benjumea.
También extiende sus acusaciones al secretario del Consejo de Banesto, Juan Carlos Rodríguez Cantarero, y al director de Recursos Humanos, José María Espí, por haber actuado como cooperadores necesarios.
Rodríguez-Cantarero y Espí también están imputados en el juzgado madrileño de Alcobendas, junto al ex consejero de Banesto Fernando Gutiérrez-Ojanguren, y Ricardo Gomeza Escondo, según fuentes jurídicas, asesor fiscal de varios directivos de Banesto, encabezados por el actual consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz.
Según el auto de la jueza Marta Pérez, Gutiérrez-Ojanguren "omitió declarar" los rendimientos obtenidos de 457.495 acciones de Banesto, por 400 pesetas por acción, cuando la cotización en Bolsa tenía un valor medio de 848 pesetas-acción.
Para la citada adquisición, de la que se beneficiaron otros 12 directivos de la entidad, se formalizó con el Bank of América un préstamo por un importe total de la cuantía del precio pagado por las acciones (183,79 millones de pesetas), cuyo coste fue soportado por el Banco de Santander, indica el auto.
Además de omitir los rendimientos del paquete de acciones en su declaración de la renta, el auto indica que Gutiérrez-Ojanguren no incluyó en el IRPF la retribución en especie por la concesión de un préstamo gratuito.
Así, según el auto del Juzgado de Alcobendas, el total de lo defraudado por Gutiérrez-Ojanguren entre 1994 y 1997, supera el medio millón de euros (92,35 millones de pesetas).
Fuentes del grupo Santander indicaron a EFE que "el banco ha actuado siempre con total transparencia, pagándose los impuestos cuando se cumplieron los objetivos a los que estaba sometido el plan de incentivos concedido a los directivos, a los que en 1994 se les encomendó la gestión de Banesto tras su adquisición por Banco Santander".
"El pago de los impuestos se hizo en la más estricta aplicación de la ley y, por lo tanto, de forma más favorable para Hacienda que si se hubiera seguido el criterio manteniendo por la acusación", afirmaron las citadas fuentes.
De hecho, añadieron, "se pagó el triple de lo que hubiera resultado de seguirse el criterio de Hacienda que, paradójicamente, saldría perjudicada de prosperar su interpretación".
Esta causa se inició a raíz de una querella del ex consejero de Banesto durante la época de Mario Conde, Rafael Pérez Escolar, y en ella se investiga si el Santander cometió un delito fiscal al no hacer las retenciones tributarias correspondientes cuando en 1994 entregó esas acciones a los 13 directivos que puso al frente de Banesto para que lo reflotaran.
Las acusaciones -Fiscalía Anticorrupción, Pérez Escolar y la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (ADIC)- mantienen que el Santander debería haber efectuado las retenciones en 1994, en el momento de entregar los 6,47 millones de acciones de Banesto a 400 pesetas -su valor nominal-, cuando su cambio medio en bolsa era de 848 pesetas.
Las diligencias sobre este caso se encuentran repartidas en cuatro provincias (Madrid, Vizcaya, Barcelona y Santander), vinculadas al lugar de residencia de cada uno de los directivos de Banesto en 1994 y a la sede del Grupo Santander.
Varios juzgados de estas provincias analizan desde hace seis años una irregularidad tributaria ligada a 6,47 millones de acciones de Banesto que recibieron estos ex directivos, condicionadas al Plan de Viabilidad de la entidad financiera intervenida en 1993.
Una vez fue adjudicado el Banesto al Banco Santander en abril de 1994, el presidente del Santander, Emilio Botín, ofreció seis millones de acciones del banco intervenido -un 1 por ciento del capital social- a Alfredo Sáenz y su equipo de directivos.
Mediante un acuerdo con los directivos y el Bank of America, el Banco Santander mantuvo su derecho de recompra sobre estas acciones hasta septiembre de 1998, una vez fue presentado el Plan de Saneamiento de Banesto y el banco que preside Botín dio por alcanzados los objetivos marcados. EFECOM
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