
Abertis, ACS, Acciona y Globalvia, dueños de Autopista del Henares (Henarsa), la concesionaria que gestiona la R-2 Madrid-Guadalajara y que se encuentra en concurso de acreedores desde septiembre de 2013, han logrado una prórroga de cinco meses y diez días en la que tratarán de buscar una solución para evitar la liquidación de la vía.
El juzgado de lo Mercantil número 10 de Madrid ha aceptado la solicitud de la sociedad para suspender la junta de acreedores que estaba fijada para el próximo 13 de diciembre y ha establecido como nueva fecha el 23 de mayo de 2017, según consta en el edicto judicial fechado el pasado 22 de noviembre al que ha tenido acceso elEconomista.
El aplazamiento responde a los recursos presentados por varios acreedores a las dos propuestas de convenio que están sobre la mesa de la magistrada Olga Martín: una por parte de la administración concursal de Henarsa y otra por la Abogacía del Estado en representación de Seittsa, la sociedad estatal dependiente de los Ministerios de Fomento y Hacienda que gestiona las infraestructuras terrestres.
De acuerdo con la Ley Concursal, para la aprobación del convenio es necesario el apoyo de al menos el 75% del pasivo. El endeudamiento de Henarsa supera los 400 millones de euros y está en poder tanto de bancos como de fondos que han adquirido en los últimos dos años deuda a las entidades financieras a precios de derribo. El porcentaje necesario para evitar la liquidación y el traspaso de la vía al Estado está hoy muy lejos de que se pueda alcanzar, según fuentes financieras.
Henarsa está participada al 100% por Infraestructuras y Radiales (Irasa), que también está en concurso de acreedores y para la que igualmente se ha fijado la junta de acreedores para el 23 de mayo de 2017. El accionariado de Irasa está compuesto por Iridium, de ACS, que suma el 35% del capital; Abertis, con el 30%; Acciona, con el 25%, y Globalvia, con el 10%.
La juez considera que en este tiempo extraordinario (los seis meses y diez días) podrá resolver las impugnaciones interpuestas por los acreedores a las dos propuestas de convenio. La magistrada tendrá que resolver si rechaza los recursos y admite alguna de las dos propuestas de convenio. No obstante, esta prórroga también abre una nueva oportunidad para que Henarsa, los acreedores y el Gobierno puedan llegar a algún entendimiento.
Un objetivo extensible al resto de autopistas en riesgo de quiebra y que el nuevo ministro de Fomento, al menos intentará. Ayer, Íñigo de la Serna aseguró en el Congreso que ya ha iniciado los contactos con los bancos acreedores de las autopistas de peaje en riesgo de liquidación, con el fin de retomar la negociación del plan de rescate de estas vías que el Ministerio planteó en marzo de 2014 sin éxito. ?Es una cuestión francamente muy difícil, pero seguiré intentándolo y, de hecho, ya he iniciado contactos?, aseguró. La propuesta contempla la integración de las autopistas en una sociedad pública, y contiene un plan de pagos con una quita del 50% de la deuda de 3.400 millones y la titulización del pasivo restante en un bono a treinta años.
Al margen de la R-2, el juez encargado del concurso de la R-3 y la R-5, un tramo de la M-50 y de la Circunvalación de Alicante ha concedido nueve meses extra, hasta el 1 de julio de 2017, para consumar la liquidación de estas concesiones.