Todos los grupos políticos están de acuerdo en que el bono social eléctrico lo sigan financiando las empresas del sector, "manteniendo el estatu quo", según informó ayer el ministro del ramo, Álvaro Nadal, a la salida de la reunión mantenida con la oposición en el Congreso de los Diputados.
El Tribunal Supremo tumbó en octubre el mecanismo de financiación del bono social -un descuento del 25% sobre la tarifa regulada por el Gobierno- porque lo consideraba discriminatorio. Debían costearlo las 23 empresas con actividad de generación, distribución y comercialización, y el 99,3% corría de la cuenta de las cinco grandes: EDP, Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Viesgo.
Nadal indicó que el Supremo sostiene que no se puede "discriminar entre comercializadoras", añadiendo que hay "unanimidad" en los partidos políticos a la hora de promulgar "una norma que no discrimine a las comercializadoras, pero que siga financiándose de la misma manera que hasta ahora".
Esta nueva norma, un Real Decreto-ley, vería la luz en "semanas", puesto que el fallo del Supremo ha anulado el anterior mecanismo de financiación del bono social y es urgente dotarse de uno nuevo.
De acuerdo con la verbalización literal del ministro, la futura financiación del bono correspondería únicamente a las comercializadoras -unas 425 acreditadas, según la relación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)-, excluyendo a otros actores del sector, como los generadores, las pequeñas distribuidoras o el transportista y operador del sistema, REE.
Nuevamente discriminatorio
Extender la financiación a todas las comercializadoras aligeraría la carga de las grandes empresas -tienen una cuota del 80%-, pero difícilmente evitaría la discriminación señalada por el Supremo: las eléctricas reclamaban que el bono fuera financiado por todas las compañías que operan en el sector y los jueces les han dado la razón.
De acuerdo con esta interpretación, si la norma afecta únicamente a las comercializadoras, no pasará de ser una patada adelante, porque las eléctricas volverán a recurrir ante la Justicia, volverán a ganar -ya lo han hecho dos veces- y habrá que volver a definir el mecanismo de financiación.
En cualquier caso, Nadal, que afirmó haber hablado con todas las empresas eléctricas sobre el asunto, insistió en que hay un "claro consenso parlamentario" para actuar por dos vías. La primera consistiría en aumentar la protección del consumidor, defendiéndole de prácticas comerciales agresivas y engañosas, mientras que la segunda se centraría en mejorar la situación de los consumidores más vulnerables, que el ministro cifró en "decenas de miles de ciudadanos".
En esta segunda vertiente es donde hay una mayor discrepancia entre los grupos políticos, ya que cada uno tiene su propio modelo. Para alcanzar un acuerdo, se aportarán todas las ideas, se pedirán análisis técnicos sobre su viabilidad y se consultará con la CNMC.
No obstante, el ministro aclaró que muchas de las competencias de atención social a los más pobres están en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y se confesó "extremadamente respetuoso" con ellas.