El equipo de Gobierno de Manuela Carmena ha anunciado un plan para reducir el espacio destinado al tráfico rodado en algunas de las principales calles de la ciudad como Alcalá, Paseo de Extremadura o la avenida de Marcelo Usera, con la idea de limitar el número de coches que accede al centro.
La medida planteada por la líder de Ahora Madrid está en línea con el objetivo del Ayuntamiento de Barcelona de reducir del 26 al 21% el uso del coche privado dentro de la Ciudad Condal en favor del transporte público. Ambos Consistorios, que han declarado la guerra al coche privado, explican que estos nuevos planes de movilidad buscan "reducir la contaminación y acabar con la congestión". No en vano, según apuntan, entre el 20 y el 25% de las emisiones de CO2 provienen del transporte, cifra que se multiplica en el centro de las ciudades.
"Tratamos de sosegar un poco el tráfico en la ciudad con aparcamientos disuasorios, que ya se están planteando para el año que viene, y con un transporte público más ágil y accesible para que la gente no entre con sus coches en el centro. No es una solución óptima, pero es a la que podemos llegar, ya que no se puede obligar a la gente a que se vaya a vivir cerca del trabajo", aseguró Pilar Pereda, asesora del Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, en un Observatorio sobre movilidad, sostenibilidad, transporte e infraestructiras, organizado por elEconomista.
Las ciudades afrontan grandes retos en movilidad y contaminación por el uso de los vehículos, la congestión en las vías urbanas y la fuente concentración de población y negocios, que crecerán en el futuro, ya que la ciudades concentrarán cada vez más población. "Para 2030, más del 60% de la población del planeta va a vivir en ciudades. Eso es todo un desafío para los traslados y una cierta saturación para el transporte urbano", apuntó Enrique Torre, director de Estrategia de Mobility de Siemens, en el mismo Observatorio.
En este punto, el directivo de la multinacional alemana alertó de que, en Europa, los atascos tienen un coste de 100.000 millones de euros al año, cifra que alcanza los 5.000 millones de euros al año sólo en España. "La contaminación y la movilidad son un problema complejo que requiere soluciones complejas. En la medida en que el transporte público sea mejor, más rápido y eficiente, atraerá más desplazamientos. Hay que usar todas las tecnologías disponibles para potenciar el acceso a la información y que los usuarios opten por el modo de transporte más sostenible y eficiente para sus necesidades", explicó Torre.
Javier Yáñez, socio de Auren, coincide con el directivo de Siemens en la importancia de utilizar todas las tecnologías existentes para desarrollar modelos de "movilidad inteligente y menos contaminante. A nivel de transporte urbano se puede mejorar con el uso de tecnologías mucho menos contaminantes como la eléctrica o la pila de hidrógeno, pero todavía nos queda mucho por recorrer en estos nuevos modelos de transporte público y gestión del tráfico integral", expuso Yáñez, durante el Observatorio organizado por elEconomista.
Los expertos que participaron en el encuentro coinciden en primar el uso del transporte público sobre el coche privado para acabar con los problemas de movilidad y contaminación en las ciudades. En este sentido, Pereda, del Ayuntamiento de Madrid, aseguró que por mucho que todos los coches privados que circulen por la ciudad sean eléctricos, seguirá habiendo problemas. "En 2020 todos los transportes deberán ser eléctricos, de gas o de tecnologías no contaminantes para que circulen por la ciudad. Pero eso que es obligado para una red de transporte público no se puede llevar al coche, ya que la congestión y los problemas de movilidad los tienes exactamente igual", apuntó la funcionaria.
Y es que, aunque parece que hay unanimidad en que se debe hacer todo lo posible para limitar el uso del coche privado dentro de la Almendra Central, también se apuesta por que haya alternativas al autobús, al metro y a los taxis, para que los ciudadanos puedan "seleccionar el sistema que les venga mejor dependiendo de sus intereses. Tenemos que ir buscando la intermodalidad y las conexiones", sentenció Torres. Otras soluciones serían potenciar la bicicleta, los Uber o Cabify y el Car2Go, que permiten moverse por la ciudad en un coche de acceso público como si fueran en un coche privado. "Hay que contemplar todos los medios de transporte y las alternativas como Uber o Car2Go. El ciudadano tiene que tener la opción de elegir la forma de trasladarse en función de sus necesidades. En Nueva York hay más Uber que taxis, por lo que, o cuentas con ellos en las ciudades, o te estas perdiendo una cosa importante", sentenció Torre.
Penalizar el coche
Pese a las bondades del uso del transporte público (es más barato, eficiente, limita los atascos y reduce la contaminación), los expertos coinciden en que es muy difícil conseguir que el ciudadano tome "una decisión racional" y renuncie a su coche por el autobús o el taxi. "La gente es capaz de esperar infinito en el coche, soportando largos atascos. La idea de pasarse a otro medio de transporte es muy difícil, ya que la gente, o no sabe la conexión directa a su trabajo, o se siente demasiado cómodo en el interior de su vehículo", aseguró Miguel Ángel Moll, socio de Doymo.
En este punto, el experto en movilidad urbana defiende que hay que aprovechar la capacidad que nos dan las nuevas tecnologías para cambiar las ciudades, "dejar el coche. Recobrar la alegría de caminar y utilizar el transporte público es el objetivo en movilidad de todas las ciudades europeas. El objetivo final es que baje la participación del coche en las ciudades", sentenció Moll.
En este punto, Jesús María Daza, director general de Building Techonologies, señaló que "dentro de la Almendra parece evidente que hay que actuar con medidas de disuasión y lo que en el Donut (fuera de la M-30) hay que mejorar y hacer una red menos radial y mas transversal".
Moll insiste en que es muy difícil conseguir que las personas abandonen el coche y que el "liberalismo" no ha funcionado, puesto que se sigue usando, aunque "la vía esté colapsada. Para apoyar la movilidad general y el transporte público se empezó tocando las narices a los ciudadanos. Se buscaba que equilibraran su modo de desplazarse, ya que el liberalismo y las grandes avenidas nos demostraron que el punto de equilibrio de una vía es la congestión. Ahora, las medidas económicas que se usaron para disuadir a la gente han dejado de tener efecto o se han quedado cortas", explicó el socio Doymo.
En línea con el diagnóstico de Moll, el Ayuntamiento de Madrid se está planteando poner grandes jardineras en los barrios de Chamberí y otras zonas para limitar los aparcamientos públicos y hacer más difícil el acceso a las ciudades.
¿Edificios inteligentes?
Más allá de la movilidad urbana, las ciudades enfrentan un nuevo reto: la puesta en marcha de edificios inteligentes y eficientes. "El edificio puede ser un elemento que produzca, almacene y exporte energía además de consumirla. Hay que apostar por centros integrados de control de datos que permitan gestionar el calor, la electricidad o el frío de los edificios para que sean sostenibles", aseguró Daza, que ve un gran trecho para poder exportar esa idea a los edificios de viviendas, debido a la poca inversión que se ha hecho en eficiencia energética.
"No podemos aplicar tecnología en las viviendas cuando tenemos unas ineficiencias energéticas y constructivas enormes. A mí me parece muy razonable que, como un primer paso, los Ayuntamientos promuevan planes para la mejora de la eficiencia de las viviendas y haya programas de ayudas que actúen en lo más básico: carpinterías, cubiertas... porque no tendría mucho sentido el aplicar tecnología y empezar a utilizar estos sistemas en red cuando tenemos las pérdidas. Ahora mismo, todo lo que no sea hacer sistemas de calefacción de distrito, no tiene sentido", sentenció el director general de Building Technologies de Siemens.
A su vez, Javier Yáñez, socio de Auren, critica que "hoy por hoy, no tenemos edificios inteligentes" y que se debe potenciar la colaboración público privada para "dotarlos de tecnología".
En esta línea, Madrid, Barcelona o Zaragoza han puesto en marcha ayudas para rehabilitar edificios, una medida que puede causar más de un roto en los bolsillos de los ciudadanos. "Cuando se dice que las Administraciones regulan al margen de los Ayuntamientos, es verdad. La ley de las tres R da un gran impulso a la rehabilitación, la regeneración urbana... y nosotros este año hemos puesto 24 millones de euros para ayudas. Sabíamos que había que declararlas como incremento patrimonial al ser una ayuda. Lo que no sabíamos es que desde el año 2015 se había quitado la posibilidad de desgravar las obras en la vivienda habitual. Con lo cual estas ayudas, que pueden llegar a los 30.000 euros por vecino, se van a traducir en que tienen que devolver a Hacienda 6.000 euros por el IRPF. Estamos buscando soluciones", denunció Pereda.