Empresas y finanzas

Las auditorías energéticas tienen 'prórroga' de tres meses

  • La mitad de las empresas obligadas se ha sometido a la auditoría
  • Paradores ha licitado su auditoría fuera del plazo legal
  • El mercado seguirá fuerte hasta inicios de febrero

El plazo máximo para que casi 3.800 grandes empresas y organizaciones sometieran sus instalaciones a una auditoría energética venció el pasado lunes, 14 de noviembre. Sin embargo, los documentos acreditativos se pueden entregar dentro de tres meses, con el 14 de febrero como fecha tope. Esta prórroga ilícita mantiene la actividad del mercado.

Vencido el plazo fijado por el Real Decreto 56/2016, en el sector se calcula que alrededor de la mitad de las empresas obligadas a pasar por la auditoría ha conseguido llegar a tiempo. La estrechez de los plazos -la norma, publicada tarde, dio sólo nueve meses- y los sistemas de contratación de las grandes compañías, entre otros factores, han remado en contra.

Por ejemplo, Paradores de Turismo de España admitía ofertas para realizar la asesoría técnica de su correspondiente auditoría -por un importe de 415.000 euros- hasta el pasado día 15, una jornada después de la fecha límite para haberla concluido.

Fecha de conveniencia

No son pocas las empresas que harán las auditorías durante los próximos meses, entregando los documentos acreditativos a la Administración con una fecha de conveniencia anterior al 14 de noviembre para guardar las formas.

A su favor juega que las comunidades autónomas, encargadas de supervisar las auditorías y de sancionar a las empresas que no hayan cumplido con lo establecido, siguen sin tener muy claro cómo van a realizar las inspecciones.

El mercado de las auditorías, por lo tanto, sigue fuerte, como ha podido comprobarse la semana pasada en Forogen, uno de los eventos de referencia del sector. Las previsiones son que seguirá así hasta que venza el plazo para entregar los documentos.

Un estudio de la patronal de los auditores, A3E, daba a conocer en verano que los dos tercios de las firmas preveían incrementar sus ingresos un 28% por la aplicación del citado decreto.

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