
La situación de Unioliva es un poco más crítica cada día que pasa. La segunda cooperativa aceitera de España, integrada en Dcoop, ha decidido aplazar la aprobación de su plan de viabilidad, que debía haberse votado el pasado viernes por la noche. En su lugar, acudirá a los juzgados de lo mercantil para solicitar un preconcurso de acreedores. Con ello gana tres meses para negociar el pago de sus deudas, viéndose obligada en caso contrario a declararse insolvente. Según marca la legislación vigente, a partir de entonces dispondría de un mes adicional para declarar de forma definitiva el concurso de acreedores.
Según han confirmado a elEconomista fuentes de la sociedad, la cooperativa ha nombrado nuevo presidente a Salvador Ráez, tomando además la decisión de emprender acciones legales contra el anterior equipo gestor, que encabezaba José Consuegra. Se da la circunstancia de que Ráez tendrá que gestionar ahora una situación a la que se había opuesto en todo momento. En los últimos días había defendido que el plan presentado era la única forma de evitar la liquidación, pero eso exigía que los socios asumieran las pérdidas de 25 millones de euros registradas el año pasado sin garantía alguna de poder recuperar ni el dinero de las cuentas corrientes ni el invertido en depósitos.
"Si se da el visto bueno al plan de viabilidad la cooperativa seguirá funcionado y si se vota en contra, se tirará todo por la borda y las llaves irán al juzgado", llegó a decir. En su opinión, en este último caso lo más probable es que la cooperativa acabara desapareciendo y fuera necesario constituir otra, algo que requeriría una inversión prácticamente similar al del plan de salvamento.
En el proyecto de viabilidad, que finalmente no se ha votado, se detallaba que existen dos secciones afectadas, la de almazara o producción, y la de crédito. "Es imprescindible la aportación de ambas secciones para superar la crisis", se aseguraba en el documento. Así, en la sección de crédito se planteaba la imputación de pérdidas por 5,047 millones, "mediante la devolución por cada impositor de la cantidad abonada en concepto de intereses durante el periodo de cinco años anteriores a la fecha de aprobación", incluidos aquellos que retiraron el principal.
La recuperación del dinero invertido se iba a realizar, según la junta, "distribuyendo porcentualmente la tesorería proveniente de las aportaciones anuales, que realizan los titulares de la sección de producción y almazara". El importe recuperado anualmente sería de, al menos, un 5% del total aportado inicialmente.
La junta asegura que "terminado el pago de las pérdidas y restablecido el buen funcionamiento de la cooperativa se procederá a la correspondiente refinanciación, que garantice el pago total de la deuda pendiente a los titulares ahorradores de la sección de crédito en un periodo no superior a tres años".
En la sección de producción y almazara se imputan unas pérdidas de 20 millones de euros. De acuerdo con la propuesta, los socios debían pagar esta cantidad en diez plazos. Cada uno de ellos de acuerdo a la media de kilos de aceituna entregados en las últimas cinco campañas. De forma paralela a todo este proceso de compensación de pérdidas, Unioliva se había comprometido a "gestionar de inmediato el crédito hipotecario con entidades financieras y al desarrollo de una nueva y moderna cooperativa, transparente y profesionalizada, para lo que se procederá a revocar la actual junta rectora y nombrar la nueva". Aunque eso es lo que se ha hecho ahora, Ráez no es una persona de consenso y su nombramiento, según las fuentes consultadas, ha generado una profunda división.